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Tragedia del Jet Set entra en nueva fase judicial: hermanos Espaillat enfrentarán juicio de fondo
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura a juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set. El magistrado Reymundo Mejía rechazó la calificación de homicidio voluntario solicitada por parte de las víctimas y mantuvo la acusación de homicidio involuntario basada en presunta negligencia estructural.
El caso judicial derivado del colapso de la discoteca Jet Set, una de las tragedias más dolorosas y devastadoras registradas en la historia reciente de la República Dominicana, entró este lunes en una nueva y decisiva etapa procesal.
El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó la apertura a juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento, tras concluir la audiencia preliminar donde fueron examinadas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las querellas de las víctimas y los argumentos de la defensa.
La decisión permitirá que el caso pase a la fase de juicio, donde un tribunal deberá determinar responsabilidades penales definitivas por el colapso ocurrido el 8 de abril de 2025.
Juez rechaza la figura de homicidio voluntario
Uno de los puntos más debatidos durante el proceso fue la calificación jurídica de los hechos.
Aunque varios querellantes solicitaron que la tragedia fuera considerada como homicidio voluntario, el magistrado rechazó esa petición al considerar que no existen elementos suficientes para demostrar una intención deliberada de causar la muerte de las víctimas.
«El juez está atado a la Constitución y a la ley», expresó el magistrado al emitir su decisión.
En consecuencia, el tribunal acogió la acusación presentada por el Ministerio Público bajo la figura de homicidio involuntario, sustentada en presuntas acciones negligentes relacionadas con las condiciones estructurales del establecimiento.
La tragedia que marcó al país
El desplome del techo de la discoteca Jet Set ocurrió durante la madrugada del 8 de abril de 2025 mientras se desarrollaba una presentación artística encabezada por el merenguero Rubby Pérez, quien falleció junto a cientos de personas atrapadas bajo los escombros.
El saldo oficial dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, convirtiéndose en uno de los desastres civiles más graves registrados en territorio dominicano.
La magnitud de la tragedia provocó una profunda conmoción nacional y generó un amplio debate sobre la seguridad estructural de centros de entretenimiento, la supervisión estatal y las responsabilidades empresariales.
Acusación basada en presunta negligencia
Según la acusación del Ministerio Público, los propietarios del establecimiento habrían permitido durante años el funcionamiento del local bajo condiciones de riesgo.
La investigación sostiene que sobre la estructura del techo fueron colocados equipos pesados sin contar con estudios técnicos adecuados para garantizar la resistencia de la edificación.
Los fiscales argumentan que estas actuaciones constituyeron una conducta negligente que habría contribuido al colapso de la estructura.
Por su parte, la defensa de los imputados rechaza estas conclusiones y sostiene que el derrumbe obedeció a fallas ocultas de construcción y a un proceso de deterioro progresivo del inmueble imposible de detectar mediante inspecciones ordinarias.
Mantienen medidas de coerción
El tribunal decidió mantener las medidas de coerción previamente impuestas a los hermanos Espaillat.
Ambos continuarán bajo presentación periódica y deberán conservar las garantías económicas fijadas en 50 millones de pesos cada uno mientras se desarrolla el proceso judicial.
Un proceso que aún está lejos de concluir
Con la apertura a juicio de fondo, el caso entra ahora en una etapa donde las pruebas técnicas, periciales y testimoniales serán debatidas públicamente ante un tribunal de juicio.
Las familias de las víctimas, los sobrevivientes y la sociedad dominicana permanecen a la expectativa de un proceso que busca establecer responsabilidades por una tragedia que dejó una profunda huella en el país.
La decisión emitida este lunes no constituye una condena ni una absolución, pero sí representa un paso determinante en la búsqueda de respuestas sobre las causas y responsabilidades del colapso que cambió para siempre la vida de cientos de familias dominicanas.
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Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales
La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo
La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.
Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.
De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.
Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.
La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.
La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.
Provincias con más detenciones
| Provincia | Casos |
|---|---|
| Elías Piña | 201 |
| Dajabón | 179 |
| Santo Domingo | 149 |
| Valverde | 129 |
| Independencia | 123 |
| San Juan | 117 |
| Pedernales | 104 |
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Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant
La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli
Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.
La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.
A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.
Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas
La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.
Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.
Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.
Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli
Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.
La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.
La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.
La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.
El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable
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Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones
La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.
El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.
El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.
Una ruta marítima bajo investigación
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.
Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.
Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.
Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial
Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.
El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.
Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.
La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.
Investigación continúa
Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.
La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.
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