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Tragedia del Jet Set entra en nueva fase judicial: hermanos Espaillat enfrentarán juicio de fondo
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura a juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set. El magistrado Reymundo Mejía rechazó la calificación de homicidio voluntario solicitada por parte de las víctimas y mantuvo la acusación de homicidio involuntario basada en presunta negligencia estructural.
El caso judicial derivado del colapso de la discoteca Jet Set, una de las tragedias más dolorosas y devastadoras registradas en la historia reciente de la República Dominicana, entró este lunes en una nueva y decisiva etapa procesal.
El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó la apertura a juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento, tras concluir la audiencia preliminar donde fueron examinadas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las querellas de las víctimas y los argumentos de la defensa.
La decisión permitirá que el caso pase a la fase de juicio, donde un tribunal deberá determinar responsabilidades penales definitivas por el colapso ocurrido el 8 de abril de 2025.
Juez rechaza la figura de homicidio voluntario
Uno de los puntos más debatidos durante el proceso fue la calificación jurídica de los hechos.
Aunque varios querellantes solicitaron que la tragedia fuera considerada como homicidio voluntario, el magistrado rechazó esa petición al considerar que no existen elementos suficientes para demostrar una intención deliberada de causar la muerte de las víctimas.
«El juez está atado a la Constitución y a la ley», expresó el magistrado al emitir su decisión.
En consecuencia, el tribunal acogió la acusación presentada por el Ministerio Público bajo la figura de homicidio involuntario, sustentada en presuntas acciones negligentes relacionadas con las condiciones estructurales del establecimiento.
La tragedia que marcó al país
El desplome del techo de la discoteca Jet Set ocurrió durante la madrugada del 8 de abril de 2025 mientras se desarrollaba una presentación artística encabezada por el merenguero Rubby Pérez, quien falleció junto a cientos de personas atrapadas bajo los escombros.
El saldo oficial dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, convirtiéndose en uno de los desastres civiles más graves registrados en territorio dominicano.
La magnitud de la tragedia provocó una profunda conmoción nacional y generó un amplio debate sobre la seguridad estructural de centros de entretenimiento, la supervisión estatal y las responsabilidades empresariales.
Acusación basada en presunta negligencia
Según la acusación del Ministerio Público, los propietarios del establecimiento habrían permitido durante años el funcionamiento del local bajo condiciones de riesgo.
La investigación sostiene que sobre la estructura del techo fueron colocados equipos pesados sin contar con estudios técnicos adecuados para garantizar la resistencia de la edificación.
Los fiscales argumentan que estas actuaciones constituyeron una conducta negligente que habría contribuido al colapso de la estructura.
Por su parte, la defensa de los imputados rechaza estas conclusiones y sostiene que el derrumbe obedeció a fallas ocultas de construcción y a un proceso de deterioro progresivo del inmueble imposible de detectar mediante inspecciones ordinarias.
Mantienen medidas de coerción
El tribunal decidió mantener las medidas de coerción previamente impuestas a los hermanos Espaillat.
Ambos continuarán bajo presentación periódica y deberán conservar las garantías económicas fijadas en 50 millones de pesos cada uno mientras se desarrolla el proceso judicial.
Un proceso que aún está lejos de concluir
Con la apertura a juicio de fondo, el caso entra ahora en una etapa donde las pruebas técnicas, periciales y testimoniales serán debatidas públicamente ante un tribunal de juicio.
Las familias de las víctimas, los sobrevivientes y la sociedad dominicana permanecen a la expectativa de un proceso que busca establecer responsabilidades por una tragedia que dejó una profunda huella en el país.
La decisión emitida este lunes no constituye una condena ni una absolución, pero sí representa un paso determinante en la búsqueda de respuestas sobre las causas y responsabilidades del colapso que cambió para siempre la vida de cientos de familias dominicanas.