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FP plantea cambios clave al proyecto de reforma laboral y reabre debate en la Cámara de Diputados
El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo sometió propuestas para modificar al menos 20 artículos del proyecto de reforma al Código de Trabajo, incluyendo aspectos relacionados con contratos laborales, despidos, vacaciones, maternidad, embargos y garantías procesales. La iniciativa obliga a un nuevo análisis por parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo (FP) presentó un conjunto de observaciones y propuestas de modificación a más de 20 artículos del proyecto de reforma al Código de Trabajo, reabriendo el debate legislativo sobre una de las iniciativas más importantes actualmente en discusión en el Congreso Nacional.
Las propuestas fueron depositadas luego de que la Cámara de Diputados decidiera devolver la pieza a la Comisión Permanente de Trabajo para profundizar su estudio y recibir observaciones adicionales antes de continuar su trámite legislativo.
Contratos laborales y derechos de los trabajadores
Uno de los principales puntos señalados por la organización política se refiere al artículo 22, relacionado con el contrato de trabajo.
La FP considera que la redacción propuesta podría interpretarse como una obligación de formalizar por escrito todos los contratos laborales, situación que, según argumenta, contradice el principio establecido en el Código vigente de que la relación laboral se prueba por los hechos y no únicamente mediante documentos escritos.
La organización advierte que una modificación de este tipo podría afectar a miles de trabajadores cuyos contratos actualmente son verbales.
Observaciones sobre despidos y dimisiones
Entre las propuestas también figura una modificación al artículo 91, referente al despido de trabajadores.
La Fuerza del Pueblo entiende que el proyecto establece claramente el plazo para que el empleador informe al Ministerio de Trabajo sobre un despido, pero no define expresamente el tiempo para comunicarlo al trabajador afectado.
Por esa razón propone que ambas notificaciones se realicen dentro de un mismo plazo de cinco días.
Asimismo, la organización recomienda mantener disposiciones del Código vigente relacionadas con la comunicación de las dimisiones y la participación del Ministerio de Trabajo en esos procesos.
Maternidad, vacaciones y protección laboral
La bancada opositora también expresó reservas sobre artículos vinculados a la licencia de maternidad y al disfrute de vacaciones.
En ese sentido, plantea reforzar la protección del empleo para las trabajadoras durante todo el período de licencia pre y postnatal, independientemente de la forma en que se tome dicho descanso.
Además, cuestiona disposiciones que podrían permitir que el pago de las vacaciones se realice una vez concluido el período de descanso, al considerar que esto podría perjudicar económicamente al trabajador.
Alertan sobre riesgos en materia de embargos
Otro de los puntos más debatidos corresponde al artículo 668, relativo a los embargos ejecutivos.
La FP advierte que la redacción actual podría impedir el embargo de maquinarias industriales consideradas inmuebles por destino, limitando así las posibilidades de cobro de trabajadores que obtengan sentencias favorables en conflictos laborales.
Según la organización, esta situación podría dejar desprotegidos a empleados con créditos laborales reconocidos judicialmente.
Cuestionan límite de tiempo para los procesos
La organización también manifestó preocupación por el artículo 638, que establece que los procesos laborales de fondo no podrán exceder los 24 meses.
A juicio de la FP, imponer un plazo fatal podría afectar el derecho de defensa de las partes y generar decisiones apresuradas debido a la actual carga de trabajo que enfrentan los tribunales laborales.
Reforma sigue bajo estudio
El vocero de la bancada, Rafael Castillo, explicó que las observaciones fueron elaboradas tras consultas con especialistas en derecho laboral, entre ellos el exvicepresidente de la República y exministro de Trabajo, Rafael Alburquerque, considerado uno de los principales expertos en la legislación laboral dominicana.
La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados tendrá hasta el próximo miércoles para evaluar las propuestas y rendir un nuevo informe al pleno, en medio de un debate que continúa generando atención entre trabajadores, empleadores y sectores productivos del país.
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Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales
La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo
La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.
Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.
De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.
Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.
La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.
La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.
Provincias con más detenciones
| Provincia | Casos |
|---|---|
| Elías Piña | 201 |
| Dajabón | 179 |
| Santo Domingo | 149 |
| Valverde | 129 |
| Independencia | 123 |
| San Juan | 117 |
| Pedernales | 104 |
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Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant
La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli
Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.
La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.
A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.
Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas
La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.
Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.
Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.
Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli
Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.
La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.
La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.
La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.
El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable
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Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones
La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.
El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.
El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.
Una ruta marítima bajo investigación
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.
Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.
Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.
Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial
Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.
El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.
Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.
La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.
Investigación continúa
Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.
La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.
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