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De viajar en yola a la caída: FBI arresta al alcalde dominicano Brian DePeña por presunto fraude y lavado de dinero

El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, fue arrestado por el FBI y enfrenta cargos federales por presuntamente utilizar más de US$1.5 millones de fondos de ayuda por la pandemia para gastos personales, pago de deudas y financiamiento político.

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Brian DePeña, alcalde de Lawrence, Massachusetts, enfrenta cargos federales por presunto fraude y lavado de dinero. Foto: Fuente Externa

Brian DePeña, alcalde de Lawrence, Massachusetts, fue arrestado este viernes por el FBI y enfrenta cargos federales por presunto fraude electrónico y lavado de dinero, luego de que fiscales lo acusaran de utilizar más de US$1.5 millones de fondos de ayuda para pequeñas empresas durante la pandemia en gastos personales, pago de deudas y financiamiento de su campaña política.

La historia de Brian DePeña, un dominicano que llegó a Estados Unidos después de emigrar en yola hacia Puerto Rico y que terminó convirtiéndose en alcalde de Lawrence, Massachusetts, dio un inesperado giro este viernes con su arresto por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

DePeña, de 61 años, fue detenido y posteriormente compareció ante un tribunal federal en Boston, donde enfrenta un cargo de fraude electrónico (wire fraud) y otro de lavado de dinero (money laundering), según informó la Fiscalía Federal de Massachusetts.

Del viaje en yola a la alcaldía

La trayectoria de DePeña había sido presentada durante años como una historia de superación de un inmigrante dominicano.

Nacido en Santo Domingo y criado parte de su infancia en Miches, provincia El Seibo, DePeña contó en una entrevista que emigró junto a su hermano hacia Puerto Rico en una embarcación conocida como yola. Allí trabajó en el campo mientras buscaba regularizar su situación migratoria.

Posteriormente llegó a Estados Unidos, donde residió durante varios años en Nueva York antes de establecerse en Lawrence, Massachusetts, a finales de 1991. En esa ciudad desarrolló negocios, entre ellos una ferretería y posteriormente una empresa dedicada a la venta de neumáticos y servicios automotrices.

Su incursión en la política local comenzó como concejal de Lawrence. En noviembre de 2021 fue elegido alcalde y consiguió la reelección en noviembre de 2025. Antes de llegar a la alcaldía, había formado parte del Concejo Municipal entre 2016 y 2021.

Ahora, esa historia de ascenso político enfrenta uno de sus momentos más difíciles.

¿De qué acusa el Gobierno estadounidense a DePeña?

Según los fiscales federales, DePeña habría obtenido fraudulentamente más de US$1.5 millones en préstamos del programa de ayuda económica establecido durante la pandemia de COVID-19 para pequeñas empresas.

Los fondos fueron obtenidos a través de Tenares Tire Services Inc., negocio de venta de neumáticos y servicios automotrices propiedad de DePeña en Lawrence.

La acusación sostiene que el dinero, que debía utilizarse para afrontar las dificultades económicas provocadas por la pandemia, terminó siendo destinado a gastos que no estaban relacionados con la operación del negocio.

Entre los movimientos señalados por los investigadores se encuentran aproximadamente US$85,000 destinados al pago de deudas tributarias personales, transferencias hacia cuentas personales y alrededor de US$90,000 utilizados para financiar su campaña electoral para la alcaldía.

Además, los fiscales alegan que aproximadamente US$883,000 fueron utilizados para pagar préstamos hipotecarios de alto interés relacionados con varias propiedades.

En total, las autoridades sostienen que el dinero obtenido mediante los préstamos federales fue utilizado como una especie de fondo personal para atender obligaciones que no correspondían a las necesidades de su empresa.

El FBI: “Traicionó la confianza”

La acusación provocó una fuerte reacción de las autoridades federales.

La Fiscalía Federal de Massachusetts sostuvo que DePeña fue elegido para dirigir Lawrence y que sus presuntas actuaciones representaron una violación de la confianza depositada en él por los ciudadanos.

El FBI también señaló que el caso demuestra que las autoridades federales continuarán investigando posibles fraudes relacionados con fondos públicos, incluso cuando los involucrados sean funcionarios electos.

¿Qué puede pasarle?

DePeña enfrenta penas potenciales de hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y hasta 10 años por lavado de dinero, además de multas que podrían alcanzar los US$250,000 por cada cargo, en caso de ser declarado culpable.

Tras su comparecencia inicial ante el tribunal federal en Boston, quedó en libertad bajo determinadas condiciones, entre ellas la entrega de su pasaporte y restricciones relacionadas con la solicitud de nuevos préstamos sin autorización judicial.

A la salida del tribunal, su abogado Carlos Apostle evitó ofrecer declaraciones sustanciales a los periodistas. Preguntado sobre si renunciaría a la alcaldía, DePeña respondió únicamente: “God bless”.

Una historia que cambió de rumbo

El caso representa un abrupto contraste con la historia que durante años acompañó la figura pública de Brian DePeña.

El hombre que salió de República Dominicana, cruzó hacia Puerto Rico en yola, trabajó en el campo y posteriormente construyó negocios en Massachusetts hasta convertirse en alcalde de una ciudad con una importante comunidad dominicana, ahora deberá enfrentar un proceso judicial federal.

DePeña mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso. Las acusaciones presentadas por los fiscales deberán ser probadas ante los tribunales.

Lo que alguna vez fue presentado como una historia de esfuerzo y movilidad social de un inmigrante dominicano en Estados Unidos, queda ahora marcada por una investigación federal que podría determinar el futuro político y personal del alcalde de Lawrence.

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Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales

La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo

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Agentes de la Dirección General de Migración y organismos de seguridad durante los operativos de interdicción realizados en distintas provincias del país

La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.

Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.

De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.

Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.

La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.

La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.

 

Provincias con más detenciones

Provincia Casos
Elías Piña 201
Dajabón 179
Santo Domingo 149
Valverde 129
Independencia 123
San Juan 117
Pedernales 104
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Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant

La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli

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Vehículos blindados de la Policía Nacional de Haití durante la operación realizada en Martissant, al sur de Puerto Príncipe

Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.

La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.

A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.

Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas

La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.

Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.

Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.

Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli

Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.

La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.

La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.

La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.

El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable

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Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones

La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones

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Agentes y fiscales durante los allanamientos de la Operación Rompeolas, desplegada contra una presunta estructura de narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.

El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.

El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.

Una ruta marítima bajo investigación

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.

Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.

Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.

Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial

Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.

El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.

Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.

La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.

Investigación continúa

Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.

La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.

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