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Cesantía laboral podría debatirse en la próxima reforma a la Seguridad Social
La discusión sobre la cesantía laboral podría trasladarse a una futura reforma de la Ley de Seguridad Social, según planteó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Mientras tanto, el proyecto de reforma laboral continúa avanzando en el Congreso sin modificaciones a este beneficio adquirido por los trabajadores dominicanos.
El debate sobre la cesantía laboral, uno de los temas más sensibles dentro de la reforma al Código de Trabajo, podría quedar fuera de la actual discusión legislativa y ser abordado posteriormente en una eventual reforma a la Ley de Seguridad Social.
Así lo planteó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante una de las últimas reuniones de la comisión especial encargada de estudiar la reforma laboral, donde reiteró que cualquier modificación relacionada con la cesantía debe tratarse en el marco de la Ley 87-01 y no dentro del actual proyecto que cursa en el Congreso Nacional.
«La cesantía no se debe discutir en esta ley. La cesantía es un tema de la próxima ley de seguridad social», expresó Pacheco durante los debates, según consta en el acta oficial de la reunión celebrada el pasado 19 de mayo.
La postura del legislador coincide con la propuesta original presentada por el Poder Ejecutivo, que mantuvo intacto el beneficio de la cesantía dentro de la reforma laboral, pese a las solicitudes de diversos sectores empresariales e industriales que han abogado por revisar o modificar el esquema vigente.
Un tema que sigue generando debate
La cesantía constituye una compensación económica que recibe un trabajador cuando es despedido sin causa justificada. Este derecho laboral fue establecido en el Código de Trabajo promulgado en 1992 y, desde entonces, ha sido uno de los puntos de mayor controversia en las discusiones sobre modernización laboral.
Mientras los representantes empresariales argumentan que el sistema actual incrementa los costos laborales y afecta la competitividad, los sindicatos y organizaciones de trabajadores defienden su permanencia al considerarla una garantía fundamental de protección social.
Pacheco señaló que la prioridad debe ser aprobar una reforma laboral que preserve la estabilidad económica y social alcanzada por el país durante las últimas décadas.
«Debemos mantener un clima de armonía entre empleadores y trabajadores, preservando las condiciones que han permitido el crecimiento económico de la República Dominicana», sostuvo.
Reforma laboral entra en su fase final
Tras más de un año de debates, consultas y modificaciones, la reforma laboral se encuentra en su etapa final de aprobación legislativa.
Actualmente, el proyecto solo requiere una segunda lectura en la Cámara de Diputados y posteriormente una aprobación definitiva en el Senado para convertirse en ley.
Sin embargo, aún persisten algunos puntos pendientes de consenso, entre ellos la redacción del artículo 638 del Código de Trabajo, relacionado con la duración de los procesos judiciales laborales.
La comisión especial acordó establecer un plazo máximo de dos años para la resolución de estos casos, aunque diversos sectores han advertido que el texto actual no contempla sanciones o consecuencias claras cuando dicho límite sea excedido.
Los legisladores han indicado que este aspecto podría ser corregido durante la discusión final del proyecto.
Seguridad Social espera su propia reforma
Mientras la reforma laboral se acerca a su desenlace, el Congreso también permanece a la espera de la propuesta de modificación a la Ley de Seguridad Social que prepara el Poder Ejecutivo.
Diversos expertos consideran que esa futura reforma podría convertirse en el escenario adecuado para abordar temas estructurales relacionados con las prestaciones laborales, pensiones, riesgos laborales y eventuales mecanismos alternativos a la cesantía tradicional.
Por el momento, todo apunta a que la reforma laboral dominicana será aprobada manteniendo intacto uno de los derechos más emblemáticos de los trabajadores: la cesantía.
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Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales
La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo
La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.
Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.
De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.
Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.
La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.
La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.
Provincias con más detenciones
| Provincia | Casos |
|---|---|
| Elías Piña | 201 |
| Dajabón | 179 |
| Santo Domingo | 149 |
| Valverde | 129 |
| Independencia | 123 |
| San Juan | 117 |
| Pedernales | 104 |
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Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant
La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli
Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.
La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.
A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.
Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas
La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.
Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.
Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.
Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli
Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.
La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.
La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.
La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.
El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable
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Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones
La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.
El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.
El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.
Una ruta marítima bajo investigación
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.
Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.
Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.
Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial
Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.
El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.
Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.
La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.
Investigación continúa
Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.
La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.
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