Actualidad
Médicos alertan sobre impacto del nuevo Código Penal y piden auditoría en el CMD
El Gran Bloque Unitario alertó sobre la incertidumbre jurídica que, a su juicio, genera el nuevo Código Penal para los profesionales de la salud y solicitó una auditoría forense al Colegio Médico Dominicano para fortalecer la transparencia institucional.
El Gran Bloque Unitario expresó su preocupación ante dos temas que, a su juicio, afectan actualmente al sector médico dominicano: la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y las denuncias públicas relacionadas con el manejo de los recursos financieros del Colegio Médico Dominicano (CMD).
La organización advirtió que la aprobación de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, y la Ley 97-25, correspondiente al Código Procesal Penal, ha generado incertidumbre entre miles de profesionales de la salud debido a las implicaciones que estas normativas podrían tener sobre el ejercicio de la medicina.
Según el bloque, durante el proceso de discusión legislativa el Colegio Médico Dominicano no asumió una posición lo suficientemente firme en defensa de los intereses del sector, situación que, afirman, ha dejado a los médicos sin respuestas claras ante los desafíos legales que plantea el nuevo marco jurídico.
La preocupación surge en momentos en que el propio CMD ha advertido públicamente que la aplicación conjunta de ambas leyes podría derivar en una mayor judicialización del acto médico y en un incremento de los procesos penales contra profesionales de la salud.
El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, ha sostenido que existe el riesgo de que se produzca una “criminalización excesiva” de la práctica médica, lo que podría incentivar la denominada medicina defensiva, una conducta en la que los médicos adoptan decisiones motivadas por el temor a eventuales sanciones legales.
De acuerdo con los planteamientos del gremio, este escenario podría traducirse en mayores costos de atención, incremento de estudios y procedimientos preventivos, retrasos en la toma de decisiones clínicas y una eventual reducción del acceso de los pacientes a servicios especializados.
El CMD ha insistido en que no busca impunidad para actuaciones negligentes, sino que se establezcan mecanismos que permitan diferenciar entre un error médico, un resultado adverso inherente a la práctica clínica y una conducta delictiva. Asimismo, ha planteado que los casos donde no exista dolo o negligencia temeraria sean conocidos preferentemente en las jurisdicciones civil, administrativa o disciplinaria.
Ante esta situación, el Gran Bloque Unitario propuso la celebración de una Magna Asamblea Nacional para que sean los propios médicos quienes definan las estrategias institucionales que deberá asumir el gremio frente al nuevo escenario legal y los retos que enfrenta el sector.
Solicitan auditoría forense en el CMD
La organización también manifestó preocupación por las denuncias públicas surgidas en torno al manejo financiero del Colegio Médico Dominicano.
En ese sentido, demandó la realización de una auditoría forense a las últimas administraciones de la institución con el objetivo de verificar el uso de los recursos económicos y fortalecer la confianza de los colegiados en los mecanismos de gestión y rendición de cuentas.
El Gran Bloque Unitario sostuvo que esta solicitud se fundamenta en los principios de transparencia y fiscalización contemplados en la Ley 68-03, que crea el Colegio Médico Dominicano, y afirmó que el fortalecimiento institucional debe ser una prioridad para preservar la credibilidad del gremio.
Los dirigentes consideraron que tanto la discusión sobre el nuevo Código Penal como las inquietudes relacionadas con la administración de los recursos del CMD requieren respuestas claras, participación de la matrícula médica y mecanismos efectivos de transparencia.
Actualidad
Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales
La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo
La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.
Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.
De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.
Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.
La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.
La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.
Provincias con más detenciones
| Provincia | Casos |
|---|---|
| Elías Piña | 201 |
| Dajabón | 179 |
| Santo Domingo | 149 |
| Valverde | 129 |
| Independencia | 123 |
| San Juan | 117 |
| Pedernales | 104 |
Actualidad
Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant
La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli
Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.
La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.
A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.
Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas
La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.
Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.
Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.
Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli
Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.
La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.
La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.
La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.
El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable
Actualidad
Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones
La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.
El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.
El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.
Una ruta marítima bajo investigación
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.
Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.
Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.
Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial
Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.
El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.
Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.
La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.
Investigación continúa
Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.
La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.
-
Mundohace 2 díasSemana del Futuro en Dubái: científicos, políticos e inversores analizan los desafíos de la humanidad
-
Entretenimientohace 2 díasCine en India: inicia el 57.º Festival Internacional de Cine de Goa con España como país de honor
-
Actualidadhace 2 díasMigración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales
-
Actualidadhace 2 díasOperativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant
-
Mundohace 2 díasCumbre climática COP31: negociaciones entran en su jornada final entre críticas por excluir los combustibles fósiles
-
Mundohace 2 díasVenezuela y Estados Unidos reanudan cooperación militar interrumpida desde 2005
-
Mundohace 2 díasSeguridad europea: Polonia advierte que no habrá acuerdo de paz viable en Ucrania sin participación de Europa
-
Mundohace 2 díasCumbre trilateral: Trump, Xi y Putin se reúnen en Shenzhen y emiten declaración sobre seguridad nuclear

