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Gobierno plantea reajustar la tarifa eléctrica a corto plazo
El Gobierno dominicano considera necesario retomar el reajuste de la tarifa eléctrica para acercarla a los costos reales del servicio y reducir progresivamente el subsidio, mientras plantea combatir las pérdidas de las distribuidoras y avanzar hacia una matriz energética más eficiente
El Gobierno dominicano considera imperativo retomar en el corto plazo el proceso de reajuste de la tarifa eléctrica, con el objetivo de que el precio del servicio refleje progresivamente sus costos reales y permita reducir el peso del subsidio sobre las finanzas públicas.
La posición está contenida en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, documento que identifica el esquema tarifario desactualizado como uno de los factores que contribuyen al déficit financiero de las tres empresas distribuidoras de electricidad: Edenorte, Edesur y Edeeste.
De acuerdo con el plan, el proceso de actualización tarifaria había sido suspendido en 2022, en un contexto marcado por presiones inflacionarias. El Gobierno plantea ahora retomar gradualmente ese proceso como parte de una solución estructural para las distribuidoras.
Más de RD$505,000 millones transferidos en una década
La dimensión fiscal del problema queda reflejada en los recursos que el Estado ha tenido que destinar al sector.
Entre 2014 y 2024, el Gobierno transfirió aproximadamente RD$505,629 millones para cubrir los déficits acumulados de las tres empresas distribuidoras públicas.
El documento oficial advierte que, sin una corrección estructural, los déficits operacionales de las EDE podrían continuar aumentando y profundizando la presión sobre las finanzas públicas.
La situación tampoco se limita a los años anteriores. Solo entre enero y el 14 de agosto de 2026, el subsidio eléctrico había devengado alrededor de RD$78,800 millones, de un presupuesto vigente de RD$85,586.7 millones destinado a ese propósito.
Esto significa que, a poco más de la mitad del año, ya se había comprometido aproximadamente el 92 % de los recursos presupuestados para el subsidio eléctrico.
El problema no es solo la tarifa
Aunque el reajuste tarifario aparece como una de las medidas planteadas, el Gobierno reconoce que la situación de las distribuidoras requiere actuar simultáneamente en otros frentes.
El Plan Nacional Plurianual establece como prioridades la reducción sostenida de las pérdidas eléctricas, el fortalecimiento de la fiscalización de los circuitos de distribución y una transición progresiva hacia fuentes de generación más limpias.
Las pérdidas constituyen uno de los principales desafíos del sistema. Según datos citados en el documento, las pérdidas técnicas y no técnicas de las tres distribuidoras alcanzaron 38.9 % en mayo de 2026.
El desempeño varía considerablemente entre las empresas: Edeeste registró pérdidas de 56 %, mientras Edesur alcanzó 31.6 % y Edenorte 26.1 %.
Estos niveles representan una parte importante de la problemática financiera del sector, debido a que una proporción de la energía distribuida no se traduce finalmente en ingresos para las empresas.
El Gobierno también apuesta por cambiar la matriz energética
La estrategia oficial contempla además mejorar la planificación de la generación eléctrica y reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.
El Plan señala que la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) pasó de 4,889 megavatios en 2019 a 5,795.9 MW en 2024, mientras que la generación total aumentó de 19,266 GWh a 25,397 GWh durante ese mismo período.
Sin embargo, el crecimiento de la capacidad de generación no ha resuelto por sí solo los problemas estructurales del sistema.
El Gobierno considera necesario fortalecer los planes de expansión de la generación, establecer metas de cumplimiento y mejorar la coordinación entre las instituciones que regulan y administran el sector energético.
La intención es orientar nuevas inversiones hacia tecnologías más limpias, reducir la exposición a las variaciones de los precios internacionales de los hidrocarburos y mejorar la sostenibilidad del sistema eléctrico.
¿Qué podría significar para los usuarios?
El planteamiento de reajustar la tarifa eléctrica abre la posibilidad de que los consumidores enfrenten cambios en el costo del servicio en el futuro, aunque el documento no implica por sí mismo que se haya aprobado un aumento inmediato ni establece una nueva tarifa para los hogares.
La propuesta forma parte de una estrategia de mayor alcance que busca reducir progresivamente la necesidad de subsidios estatales y acercar los ingresos de las distribuidoras al costo real de la electricidad.
El desafío para las autoridades será encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y la capacidad de pago de los hogares y sectores productivos.
Mientras tanto, el Gobierno plantea que cualquier reforma tarifaria deberá estar acompañada de una reducción efectiva de las pérdidas, una mejor fiscalización y una planificación más eficiente de la generación.
La discusión sobre el precio de la electricidad vuelve así al centro de la agenda económica nacional, en un momento en que el Estado continúa destinando decenas de miles de millones de pesos para sostener financieramente al sistema.
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Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales
La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo
La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.
Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.
De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.
Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.
La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.
La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.
Provincias con más detenciones
| Provincia | Casos |
|---|---|
| Elías Piña | 201 |
| Dajabón | 179 |
| Santo Domingo | 149 |
| Valverde | 129 |
| Independencia | 123 |
| San Juan | 117 |
| Pedernales | 104 |
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Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant
La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli
Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.
La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.
A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.
Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas
La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.
Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.
Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.
Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli
Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.
La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.
La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.
La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.
El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable
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Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones
La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.
El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.
El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.
Una ruta marítima bajo investigación
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.
Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.
Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.
Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial
Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.
El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.
Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.
La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.
Investigación continúa
Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.
La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.
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