Gobierno plantea reajustar la tarifa eléctrica a corto plazo

El Gobierno dominicano considera imperativo retomar en el corto plazo el proceso de reajuste de la tarifa eléctrica, con el objetivo de que el precio del servicio refleje progresivamente sus costos reales y permita reducir el peso del subsidio sobre las finanzas públicas.

La posición está contenida en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, documento que identifica el esquema tarifario desactualizado como uno de los factores que contribuyen al déficit financiero de las tres empresas distribuidoras de electricidad: Edenorte, Edesur y Edeeste.

De acuerdo con el plan, el proceso de actualización tarifaria había sido suspendido en 2022, en un contexto marcado por presiones inflacionarias. El Gobierno plantea ahora retomar gradualmente ese proceso como parte de una solución estructural para las distribuidoras.

Más de RD$505,000 millones transferidos en una década

La dimensión fiscal del problema queda reflejada en los recursos que el Estado ha tenido que destinar al sector.

Entre 2014 y 2024, el Gobierno transfirió aproximadamente RD$505,629 millones para cubrir los déficits acumulados de las tres empresas distribuidoras públicas.

El documento oficial advierte que, sin una corrección estructural, los déficits operacionales de las EDE podrían continuar aumentando y profundizando la presión sobre las finanzas públicas.

La situación tampoco se limita a los años anteriores. Solo entre enero y el 14 de agosto de 2026, el subsidio eléctrico había devengado alrededor de RD$78,800 millones, de un presupuesto vigente de RD$85,586.7 millones destinado a ese propósito.

Esto significa que, a poco más de la mitad del año, ya se había comprometido aproximadamente el 92 % de los recursos presupuestados para el subsidio eléctrico.

El problema no es solo la tarifa

Aunque el reajuste tarifario aparece como una de las medidas planteadas, el Gobierno reconoce que la situación de las distribuidoras requiere actuar simultáneamente en otros frentes.

El Plan Nacional Plurianual establece como prioridades la reducción sostenida de las pérdidas eléctricas, el fortalecimiento de la fiscalización de los circuitos de distribución y una transición progresiva hacia fuentes de generación más limpias.

Las pérdidas constituyen uno de los principales desafíos del sistema. Según datos citados en el documento, las pérdidas técnicas y no técnicas de las tres distribuidoras alcanzaron 38.9 % en mayo de 2026.

El desempeño varía considerablemente entre las empresas: Edeeste registró pérdidas de 56 %, mientras Edesur alcanzó 31.6 % y Edenorte 26.1 %.

Estos niveles representan una parte importante de la problemática financiera del sector, debido a que una proporción de la energía distribuida no se traduce finalmente en ingresos para las empresas.

El Gobierno también apuesta por cambiar la matriz energética

La estrategia oficial contempla además mejorar la planificación de la generación eléctrica y reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.

El Plan señala que la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) pasó de 4,889 megavatios en 2019 a 5,795.9 MW en 2024, mientras que la generación total aumentó de 19,266 GWh a 25,397 GWh durante ese mismo período.

Sin embargo, el crecimiento de la capacidad de generación no ha resuelto por sí solo los problemas estructurales del sistema.

El Gobierno considera necesario fortalecer los planes de expansión de la generación, establecer metas de cumplimiento y mejorar la coordinación entre las instituciones que regulan y administran el sector energético.

La intención es orientar nuevas inversiones hacia tecnologías más limpias, reducir la exposición a las variaciones de los precios internacionales de los hidrocarburos y mejorar la sostenibilidad del sistema eléctrico.

¿Qué podría significar para los usuarios?

El planteamiento de reajustar la tarifa eléctrica abre la posibilidad de que los consumidores enfrenten cambios en el costo del servicio en el futuro, aunque el documento no implica por sí mismo que se haya aprobado un aumento inmediato ni establece una nueva tarifa para los hogares.

La propuesta forma parte de una estrategia de mayor alcance que busca reducir progresivamente la necesidad de subsidios estatales y acercar los ingresos de las distribuidoras al costo real de la electricidad.

El desafío para las autoridades será encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y la capacidad de pago de los hogares y sectores productivos.

Mientras tanto, el Gobierno plantea que cualquier reforma tarifaria deberá estar acompañada de una reducción efectiva de las pérdidas, una mejor fiscalización y una planificación más eficiente de la generación.

La discusión sobre el precio de la electricidad vuelve así al centro de la agenda económica nacional, en un momento en que el Estado continúa destinando decenas de miles de millones de pesos para sostener financieramente al sistema.