La situación médica de Cilia Flores, esposa del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, volvió a ocupar el centro del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos, luego de que su hijastro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, asegurara que la dirigente atraviesa un problema cardíaco que considera delicado.

Flores, de 69 años, permanece detenida en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York, mientras espera el juicio federal que enfrenta junto a Maduro por cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos. Ambos se han declarado no culpables.

La defensa de Flores solicitó en septiembre que pueda esperar el proceso bajo arresto domiciliario, argumentando que su estado de salud requiere atención especializada y condiciones de recuperación que, según sus abogados, no puede ofrecer un centro de detención.

Sin embargo, contrario a versiones que circulan sobre un supuesto rechazo definitivo, el tribunal todavía no ha resuelto la petición. La audiencia para evaluar la solicitud está prevista para este 8 de octubre, ante el juez federal Alvin K. Hellerstein.

La versión de la familia

Nicolás Maduro Guerra afirmó esta semana que su madrastra presenta un problema cardíaco que calificó de “muy delicado”. Según su relato, Flores necesita tratamiento y una eventual intervención médica que, a su juicio, sería difícil de afrontar bajo las condiciones de reclusión actuales.

Las declaraciones coinciden con los argumentos expuestos previamente por la defensa, que sostiene que Flores padece problemas cardíacos y que sus médicos le han recomendado estudios y procedimientos adicionales.

Los abogados han señalado que Flores tiene antecedentes de prolapso de la válvula mitral y que, durante su permanencia en prisión, ha recibido varios medicamentos. También han alegado que ha experimentado pérdida de peso y otros problemas de salud.

Los documentos médicos relacionados con su solicitud fueron sellados por orden del juez, por lo que parte de la información clínica permanece fuera del acceso público.

Fiscalía argumenta riesgo de fuga

La posición del Gobierno estadounidense es distinta.

La Fiscalía federal se opuso a la solicitud de libertad y pidió al tribunal mantener a Flores bajo custodia. Entre sus argumentos sostiene que existe un “riesgo extremo de fuga” y que la acusada representa un peligro para la comunidad.

Los fiscales también cuestionan sus vínculos con Estados Unidos, su capacidad económica y las condiciones propuestas por la defensa para garantizar que permanezca bajo supervisión mientras avanza el proceso.

La defensa, por su parte, propuso que Flores permanezca en una residencia de Manhattan sometida a vigilancia armada permanente, monitoreo mediante dispositivos electrónicos y cámaras, además de restricciones sobre sus visitas y comunicaciones.

Una decisión pendiente

El enfrentamiento entre ambas posiciones quedará ahora en manos del tribunal.

Mientras la defensa sostiene que la condición cardíaca de Flores requiere un entorno diferente al de una prisión federal, la Fiscalía considera que las medidas propuestas no eliminan los riesgos que, según sus argumentos, justifican mantenerla detenida.

La audiencia del 8 de octubre será, por tanto, determinante para conocer si el juez autoriza que Flores continúe el proceso bajo arresto domiciliario o mantiene las condiciones actuales de reclusión.

El proceso contra Flores y Maduro continúa además marcado por otras disputas legales. La defensa busca que ambos sean reconocidos bajo argumentos de inmunidad vinculados a su condición de autoridades venezolanas, asunto cuya discusión judicial está prevista para noviembre.

Por ahora, la situación de Cilia Flores permanece en una zona de tensión entre las alegaciones médicas de su defensa y su familia, y los argumentos de seguridad planteados por la Fiscalía estadounidense. La decisión definitiva sobre su régimen de detención corresponde al juez federal que lleva el caso.

República Dominicana se sumó a Estados Unidos y otros ocho países del hemisferio occidental en una declaración conjunta mediante la cual condenaron las actividades terroristas y las operaciones de influencia que los gobiernos firmantes atribuyen a Irán y a grupos afines en la región.

El documento fue emitido el 5 de octubre de 2026 y está suscrito por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

Los países expresaron su preocupación por lo que califican como esfuerzos hostiles vinculados con planes violentos, financiamiento ilícito, interferencia política y actividades de influencia extranjera, además de operaciones que, según la declaración, buscarían fortalecer redes terroristas, presionar a adversarios, comprometer procesos legales o administrativos y afectar la seguridad regional.

Un frente común de seguridad

La declaración plantea que los gobiernos firmantes mantendrán una posición coordinada frente a estas actividades y se comprometen a adoptar nuevas medidas, cuando corresponda, además de fortalecer el intercambio de información y la cooperación para hacer frente a las amenazas señaladas.

“Estamos unidos en nuestra determinación de proteger a nuestros países y a nuestros pueblos”, señala el documento, que reclama a Irán y a sus grupos afines el cese de las actividades descritas por los gobiernos participantes.

La iniciativa se produce después del Foro para Contrarrestar el Terrorismo Transnacional (CTTF), organizado el mes pasado por Estados Unidos y Paraguay con el propósito de fortalecer la cooperación entre organismos de seguridad del hemisferio para enfrentar actividades terroristas atribuidas a Irán y sus redes asociadas.

República Dominicana y su relación de seguridad con Washington

La participación dominicana se inscribe en una relación de cooperación en materia de seguridad que Santo Domingo y Washington han venido ampliando durante 2026.

El Gobierno dominicano ha señalado que esa cooperación incluye la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, así como el combate al terrorismo y el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia e intercambio de información. En mayo, la Cancillería dominicana también informó sobre la participación del país en la iniciativa Escudo de las Américas y destacó la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad regional.

En ese mismo marco, República Dominicana informó que había designado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y a Hezbolá como organizaciones terroristas, en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y de la legislación nacional aplicable.

Una posición que trasciende a Washington

La declaración también evidencia que la preocupación por las actividades atribuidas a Irán no queda limitada a Estados Unidos. Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y República Dominicana suscribieron el mismo pronunciamiento, configurando un bloque de cooperación que reúne gobiernos de distintas subregiones del continente.

El documento, sin embargo, no detalla operaciones específicas atribuidas a Irán en cada uno de los países firmantes. Sus señalamientos se formulan de manera general y se concentran en las modalidades de actividad que los gobiernos consideran una amenaza para la seguridad hemisférica.

Para República Dominicana, la adhesión representa otro paso dentro de una política exterior que durante este año ha profundizado la cooperación con Estados Unidos y otros gobiernos del hemisferio en materia de seguridad, lucha contra el crimen transnacional y coordinación multilateral.

La evolución de esta alianza dependerá ahora de las medidas concretas que los países decidan adoptar y del alcance que tenga el intercambio de inteligencia y cooperación anunciado en la declaración.

La conservadora Lista Unida (AS), encabezada por el primer ministro Andris Kulbergs, se impuso con claridad en las elecciones parlamentarias celebradas este sábado en Letonia, en unos comicios que mantienen al país báltico dentro de su orientación proeuropea y proucraniana, aunque también evidenciaron un importante avance de las fuerzas populistas.

Con el 100 % de los votos escrutados, la Lista Unida obtuvo alrededor del 35,3 % de los sufragios y 41 de los 100 escaños del Saeima, el Parlamento unicameral letón. Se trata del mejor resultado conseguido por una formación política en el país desde la recuperación de la independencia tras la disolución de la Unión Soviética.

El resultado fortalece políticamente a Kulbergs, quien asumió el cargo de primer ministro en mayo pasado después de una etapa marcada por dificultades para sostener la coalición de Gobierno. Su formación consiguió multiplicar ampliamente su respaldo respecto de las elecciones de 2022.

Los populistas ganan espacio

Aunque la victoria oficialista fue contundente, el mapa parlamentario también refleja el crecimiento de fuerzas populistas y nacional-conservadoras.

Letonia Primero (LPV) se consolidó como segunda fuerza, con aproximadamente 13,1 % de los votos y 17 escaños, mientras que Poder Soberano/Alianza de los Nuevos Letones obtuvo cerca del 11,7 % y 15 diputados. La suma de ambos bloques representa una presencia considerable en un Parlamento de 100 miembros.

Estas formaciones han capitalizado parte del malestar relacionado con el costo de vida, los salarios, las dificultades económicas y las preocupaciones sobre el rumbo de la política de seguridad del país. Poder Soberano, en particular, se ha mostrado contrario a continuar incrementando el gasto militar y a mantener el nivel de asistencia a Ucrania.

Sin embargo, las principales fuerzas políticas han descartado hasta ahora una eventual alianza con ese partido, al que sus críticos consideran cercano a posiciones prorrusas.

Seguridad y Rusia, factores decisivos

La elección estuvo marcada por el contexto geopolítico. Letonia, miembro de la Unión Europea y de la OTAN desde 2004, comparte frontera con Rusia y Bielorrusia, por lo que la guerra en Ucrania y la seguridad nacional ocuparon un lugar central durante la campaña.

La mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria mantiene una posición favorable al apoyo a Kiev y al fortalecimiento de las capacidades defensivas del país. Kulbergs ha insistido en la necesidad de combinar una economía fuerte con una frontera segura, en un momento de creciente preocupación por la situación regional.

Al mismo tiempo, el costo de vida, los bajos salarios, las dificultades del sistema sanitario y el declive demográfico figuraron entre las principales preocupaciones expresadas por los votantes.

Un nuevo escenario político

El resultado no garantiza por sí solo la continuidad de la actual coalición de Gobierno. La fragmentación del Parlamento obligará a Kulbergs a negociar con otras fuerzas para construir una mayoría capaz de sostener un Ejecutivo estable.

La jornada electoral tuvo una participación de 51,79 %, con más de 806.000 ciudadanos acudiendo a las urnas para elegir a los 100 integrantes del Saeima.

Así, Letonia mantiene por ahora su orientación europea y su respaldo a Ucrania, pero el avance de las fuerzas populistas introduce nuevas tensiones en la política interna. El desafío para el próximo Gobierno será conciliar las demandas económicas y sociales de una parte del electorado con la estrategia de seguridad que el país considera necesaria ante la amenaza rusa.