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Detectan en Venezuela mosquito capaz de transmitir la malaria más mortal del mundo
Un grupo de científicos venezolanos detectó por primera vez en Venezuela al mosquito Nyssorhynchus rondoniensis, una especie capaz de transmitir el parásito Plasmodium falciparum, responsable de las formas más graves y mortales de malaria en el mundo.
El hallazgo ocurrió en el municipio Sifontes, estado Bolívar, una de las regiones más golpeadas por la minería y la propagación de malaria en el país sudamericano. La investigación fue publicada recientemente en la revista científica Acta Tropica.
Aunque los expertos aclaran que el nivel de infección detectado en los mosquitos es bajo, advierten que la presencia del nuevo vector refleja cambios ambientales y sanitarios relacionados con la expansión minera y la deforestación en la Amazonía venezolana.
Un hallazgo que preocupa a las comunidades
Ítalo Pizarro, profesor y líder de la comunidad indígena pemón San Miguel de Betania, conoce de cerca el impacto de la enfermedad. Ha padecido malaria en cinco ocasiones y asegura que los contagios continúan afectando gravemente a las comunidades cercanas a las minas.
Según relata, una alumna de apenas cinco años ya ha sufrido malaria ocho veces, mientras que la madre de la menor ha sido diagnosticada en quince ocasiones.
La malaria es transmitida principalmente por mosquitos del género Anopheles infectados con parásitos del tipo Plasmodium. En Venezuela, históricamente predominó el Plasmodium vivax, menos agresivo, pero el descubrimiento de un mosquito capaz de transmitir Plasmodium falciparum genera preocupación entre investigadores y comunidades locales.
Minería, deforestación y expansión del mosquito
Los científicos explican que el mosquito detectado parece haberse adaptado a nuevos entornos creados por la minería ilegal y la deforestación.
A diferencia de otros vectores, el Nyssorhynchus rondoniensis puede reproducirse en pozos mineros y depósitos artificiales de agua, resiste períodos de sequía y mantiene actividad de picadura durante toda la noche.
Además, ya no permanece únicamente en áreas boscosas, sino también en espacios cercanos a viviendas y asentamientos humanos.
María Eugenia Grillet, coordinadora de la investigación, explicó que el mosquito posiblemente ya existía en la región, pero había sido mal identificado hasta ahora.
Por su parte, el entomólogo Jorge Moreno señaló que el hallazgo ocurrió mientras se estudiaba otro mosquito considerado el principal transmisor de malaria en América.
Emergencia sanitaria persistente
Venezuela continúa siendo uno de los países más afectados por malaria en América Latina. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2017 el país concentró más de la mitad de los casos registrados en la región.
El más reciente Boletín Epidemiológico Nacional reportó más de 25 mil casos acumulados de malaria hasta marzo de 2026, de los cuales más de 16 mil corresponden al estado Bolívar.
Líderes indígenas y organizaciones sociales denuncian que la expansión minera, la falta de medicamentos, la escasez de personal médico y las limitaciones de transporte dificultan el control de la enfermedad en comunidades remotas.
Expertos alertan sobre impacto ambiental
Los investigadores insisten en que el avance de la minería ilegal y la destrucción de bosques amazónicos están alterando el ecosistema y favoreciendo la propagación de mosquitos transmisores.
“Pese a que se consigue menos malaria en zonas donde hay más protección del bosque, la deforestación para la minería no ha parado de crecer”, afirmó Grillet.
Los especialistas recuerdan que Venezuela logró erradicar la malaria en gran parte de su territorio en 1961, convirtiéndose en el primer país certificado por la OMS por ese logro. Sin embargo, décadas después, la enfermedad sigue representando un desafío sanitario en las regiones amazónicas.
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Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales
La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo
La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.
Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.
De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.
Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.
La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.
La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.
Provincias con más detenciones
| Provincia | Casos |
|---|---|
| Elías Piña | 201 |
| Dajabón | 179 |
| Santo Domingo | 149 |
| Valverde | 129 |
| Independencia | 123 |
| San Juan | 117 |
| Pedernales | 104 |
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Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant
La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli
Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.
La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.
A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.
Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas
La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.
Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.
Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.
Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli
Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.
La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.
La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.
La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.
El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable
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Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones
La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.
El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.
El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.
Una ruta marítima bajo investigación
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.
Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.
Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.
Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial
Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.
El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.
Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.
La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.
Investigación continúa
Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.
La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.
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