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Tribunal condena a líderes de la red Coral por desfalco millonario al Estado dominicano
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó condenas de entre tres y 20 años de prisión contra 29 imputados del caso Coral y Coral 5G, incluyendo al exjefe del CUSEP, Adán Cáceres. La decisión establece que operó una red de corrupción que desvió más de RD$4,500 millones de recursos públicos y ordena una indemnización de RD$5,000 millones al Estado dominicano.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió este martes una de las sentencias más trascendentales de los últimos años en materia de corrupción administrativa, al condenar a 29 personas vinculadas al entramado de corrupción desmantelado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La decisión judicial pone fin a un proceso que se extendió durante casi cinco años y que investigó el presunto desfalco de más de RD$4,500 millones de fondos públicos a través de organismos de seguridad del Estado.
Adán Cáceres recibe la pena máxima
Entre los condenados figura el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), quien recibió una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos.
La misma pena fue impuesta al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Juan Carlos Torres Robiou, así como al coronel Rafael Núñez de Aza.
Las juezas concluyeron que las pruebas documentales, financieras y testimoniales permitieron demostrar la participación de los imputados en un esquema organizado para sustraer recursos del Estado y posteriormente introducirlos al sistema financiero mediante operaciones de lavado de activos.
Condenas de 15 y 10 años para otros implicados
El tribunal también condenó a 15 años de prisión al general Julio Camilo de los Santos Viola y a la pastora Rossy Guzmán Sánchez, conocida públicamente como “La Pastora”, a quienes además les fue impuesto el pago de 400 salarios mínimos.
Mientras tanto, Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores recibieron condenas de 10 años de prisión.
El papel del testigo colaborador
Uno de los aspectos más relevantes del proceso fue la participación del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado pieza clave en el esclarecimiento de la investigación.
Aunque fue condenado a cinco años de prisión, el tribunal declaró la pena cumplida debido al tiempo transcurrido y valoró su condición de colaborador de la justicia.
Las informaciones aportadas por Girón fueron fundamentales para reconstruir el funcionamiento interno de la red y documentar la existencia de nóminas irregulares y estructuras de captación de recursos.
Tribunal ordena indemnización de RD$5,000 millones
Además de las condenas penales, las juezas dispusieron una indemnización de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano por los daños ocasionados por la estructura de corrupción.
El Ministerio Público sostuvo durante el juicio que la red operó mediante el abultamiento de nóminas, la creación de puestos ficticios, contratos simulados y el uso irregular de fondos públicos provenientes principalmente del CUSEP y el CESTUR.
Seis imputados fueron absueltos
La sentencia también incluyó absoluciones para Tanner Antonio Flete Guzmán, Manuel de Jesús Alba Solano, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Santiago Antonio Suárez Peguero, Miguel Ventura Pichardo y Erick Daniel Pereyra Núñez.
El tribunal consideró que las pruebas presentadas no fueron suficientes para comprometer su responsabilidad penal dentro del entramado investigado.
Un precedente en la lucha contra la corrupción
La decisión judicial representa uno de los fallos más importantes emitidos en materia de corrupción administrativa en República Dominicana.
Las magistradas concluyeron que la estructura operó de manera organizada durante años, aprovechando posiciones de poder dentro de organismos de seguridad del Estado para apropiarse de recursos públicos y ocultar posteriormente el origen ilícito de esos fondos.
Con esta sentencia, el caso Coral y Coral 5G entra en una nueva etapa, marcada por posibles recursos de apelación, mientras el fallo es observado como un precedente significativo en los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en la administración pública.