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Senado aprueba la Reforma Policial en medio del clamor nacional por una transformación real
El Senado aprobó en primera lectura la esperada Reforma Policial, una iniciativa que redefine el uso de la fuerza, fortalece la supervisión institucional y establece nuevas obligaciones para los agentes, en medio del debate nacional sobre la necesidad de transformar profundamente la Policía Nacional tras recientes casos de abuso policial.
Siete meses después de haber sido depositado por el Poder Ejecutivo, el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, una iniciativa que busca transformar la institución mediante un nuevo régimen especial de carrera, mayores controles disciplinarios y reglas más estrictas sobre el uso de la fuerza.
La aprobación se produjo tras una extensa sesión legislativa de ocho horas, de las cuales seis estuvieron dedicadas a la lectura íntegra del proyecto y al conocimiento de más de treinta modificaciones introducidas por la Comisión Permanente de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana.
La decisión del Senado ocurre en un contexto particularmente delicado para el país. Apenas seis días antes, la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 18 años, a manos de un agente policial en Herrera, Santo Domingo Oeste, provocó una ola de indignación nacional que derivó en marchas, cacerolazos, protestas ciudadanas y un renovado debate sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos del orden.
Para muchos analistas, el avance de esta legislación representa una respuesta institucional a una creciente demanda social por una Policía más profesional, transparente y respetuosa de los derechos humanos.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto corresponde al uso diferenciado y proporcional de la fuerza. La iniciativa establece que los agentes solo podrán emplearla cuando resulte estrictamente necesaria para proteger vidas, prevenir delitos, ejecutar órdenes judiciales o enfrentar situaciones que representen un riesgo real para la seguridad pública.
La ley también dispone que los policías deberán utilizar siempre los medios menos lesivos disponibles y que cualquier exceso podrá constituir abuso de autoridad.
Como parte de las nuevas disposiciones, el proyecto obliga a que todo procedimiento de registro corporal sea realizado con las cámaras corporales (bodycams) encendidas, permitiendo además que los ciudadanos puedan grabar el procedimiento sin que los agentes interfieran o eliminen el contenido registrado.
La negativa a utilizar la cámara corporal durante una requisa será considerada una falta grave dentro del régimen disciplinario.
Asimismo, la propuesta incorpora responsabilidades específicas para los mandos superiores, quienes deberán supervisar el cumplimiento de los protocolos y responder disciplinariamente si toleran actuaciones abusivas por parte de los agentes bajo su dirección.
Otro elemento novedoso consiste en la tipificación de nuevas faltas graves, entre ellas impedir que un ciudadano grabe una intervención policial, manipular teléfonos móviles para borrar evidencias o utilizar fuerza desproporcionada durante un procedimiento.
Durante el estudio de la pieza, la Comisión Permanente de Interior y Policía recibió observaciones técnicas de diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Administración Pública, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Defensor del Pueblo, cuyas recomendaciones dieron lugar a múltiples modificaciones antes de su aprobación.
Sin embargo, especialistas en seguridad ciudadana advierten que la aprobación de una nueva legislación constituye apenas el primer paso de una reforma mucho más profunda.
La transformación de una institución policial depende también de procesos rigurosos de selección, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas periódicas, formación permanente en derechos humanos, inteligencia emocional, manejo de conflictos, mediación comunitaria y supervisión constante del desempeño de cada agente.
Expertos coinciden en que ninguna ley será suficiente si no viene acompañada de un cambio en la cultura organizacional, mecanismos eficaces de rendición de cuentas y sanciones ejemplares frente a los abusos de poder.
La iniciativa deberá ahora agotar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse oficialmente en ley, mientras el país continúa observando con atención si esta reforma logrará responder a una de las principales demandas de la sociedad dominicana: recuperar la confianza en su Policía Nacional.