Protocolo migratorio coincide con fuerte reducción de parturientas haitianas

Los partos de mujeres haitianas en hospitales públicos dominicanos registraron una significativa reducción durante los primeros cuatro meses de 2026, en medio de la aplicación del protocolo migratorio implementado por el Gobierno en los centros de salud y de los debates sobre sus efectos en la población extranjera en condición irregular.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Salud (SNS), entre enero y abril de este año se realizaron 3,626 partos de mujeres haitianas, frente a los 9,314 registrados en el mismo período de 2025, lo que representa una disminución del 61 %.

Las cifras muestran un cambio importante en la composición de los nacimientos atendidos por la red pública. Durante los primeros cuatro meses de 2026 se contabilizaron 21,832 partos, de los cuales el 16.6 % correspondió a haitianas y el 83.1 % a dominicanas, con 18,134 nacimientos.

La reducción rompe con la tendencia observada durante los últimos años, cuando las parturientas haitianas llegaron a representar entre un 30 % y un 36 % de los alumbramientos en hospitales públicos del país.

En 2025, la red hospitalaria estatal registró 74,784 partos, de los cuales 18,434 correspondieron a mujeres haitianas, equivalentes al 24.6 % del total. Un año antes, en 2024, se contabilizaron 32,967 partos de haitianas, representando el 36 % de los nacimientos registrados en hospitales públicos.

Las estadísticas reflejan una disminución sostenida en comparación con años anteriores, cuando los centros de salud dominicanos recibían un elevado flujo de parturientas provenientes de Haití, país que atraviesa una profunda crisis política, económica y sanitaria.

Protocolo migratorio y debate nacional

La reducción de los nacimientos coincide con la aplicación del protocolo migratorio anunciado por el presidente Luis Abinader en abril de 2025, mediante el cual se establecieron controles para la atención de extranjeros en condición migratoria irregular dentro de los hospitales públicos.

Las medidas contemplan la presentación de documentos de identidad, constancia laboral, prueba de domicilio y el pago de los insumos utilizados durante la atención médica. En los casos en que los pacientes no presenten la documentación requerida, reciben asistencia médica y posteriormente son remitidos a la Dirección General de Migración para los procedimientos correspondientes.

El tema ha generado posiciones encontradas. Mientras sectores vinculados a la política migratoria sostienen que la medida ha contribuido a reducir la presión financiera sobre el sistema sanitario nacional, organizaciones de derechos humanos y grupos comunitarios advierten que algunas mujeres embarazadas podrían estar evitando acudir a hospitales por temor a ser detenidas o deportadas.

Diversas entidades han solicitado al Gobierno revisar el protocolo y retirar la presencia de agentes migratorios de maternidades y centros hospitalarios, argumentando que la atención médica debe garantizarse sin restricciones durante situaciones de emergencia.

Autoridades destacan ahorro en el sistema de salud

El presidente del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), Miguel Franjul, afirmó que la disminución de parturientas extranjeras ha generado un alivio económico para el Estado dominicano, permitiendo una mejor distribución de los recursos destinados a la red hospitalaria.

Sin embargo, hasta la fecha las autoridades no han divulgado cifras oficiales sobre el monto ahorrado tras la implementación de las medidas ni sobre el impacto presupuestario específico de la reducción de partos de extranjeras en los hospitales públicos.

Por su parte, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil han reiterado la necesidad de que las políticas migratorias se apliquen respetando los derechos humanos y el acceso a servicios esenciales, especialmente para poblaciones vulnerables como mujeres embarazadas, niños y adultos mayores.

El debate continúa mientras las estadísticas muestran un cambio significativo en la dinámica de atención materna dentro del sistema público de salud dominicano.