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ONU lanza advertencia a EE. UU.: pide detener deportaciones hacia Haití por crisis humanitaria

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Estados Unidos detener las deportaciones hacia lugares donde las personas puedan sufrir daños irreparables, incluido Haití, debido a la persistente crisis de seguridad y humanitaria que afecta al país.

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Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a Estados Unidos detener los retornos hacia lugares donde los migrantes puedan enfrentar daños irreparables, incluido Haití. Foto: ONU/Archivo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes a Estados Unidos detener el retorno de personas migrantes hacia lugares donde puedan enfrentar daños irreparables, mencionando de manera expresa a Haití, en medio de la profunda crisis de seguridad y humanitaria que atraviesa ese país.

La advertencia fue formulada durante la apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y ocurre mientras la administración estadounidense intensifica su política de deportaciones y después de que cientos de haitianos perdieran la protección migratoria conocida como Estatus de Protección Temporal (TPS).

“Insto a Estados Unidos a detener el retorno de personas a lugares donde podrían sufrir daños irreparables, incluido Haití”, señaló Türk, quien además reclamó que las expulsiones respeten el debido proceso.

La preocupación de Naciones Unidas se produce en un escenario particularmente complejo para Haití. Un informe del Consejo de Seguridad de la ONU señala que aproximadamente 1.5 millones de personas permanecen desplazadas dentro del país, mientras unos 5.8 millones enfrentan niveles agudos de inseguridad alimentaria.

A esto se suma el avance de las organizaciones criminales. Un reciente informe citado por Reuters señala que las pandillas haitianas han comenzado a ampliar sus operaciones desde Puerto Príncipe hacia zonas rurales, utilizando secuestros, bloqueos de carreteras y otros métodos para extender su control territorial.

Estados Unidos comenzó nuevamente a enviar vuelos de deportación hacia Haití después de la terminación de las protecciones migratorias para ciudadanos haitianos. En uno de los vuelos recientes fueron trasladadas 101 personas, mientras que más de 200 habían sido deportadas durante dos vuelos realizados a finales de agosto.

La situación también ha generado preocupación en el sistema interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en agosto sobre los riesgos que enfrentan los haitianos tras el fin del TPS y pidió a Estados Unidos garantizar protección internacional cuando existan razones suficientes para considerar que el retorno puede poner en peligro la vida o integridad de una persona.

El debate migratorio se desarrolla, por tanto, en medio de una contradicción: mientras Washington sostiene su política de retorno y deportación, organismos internacionales advierten que las condiciones actuales de Haití podrían hacer que determinadas expulsiones expongan a los retornados a situaciones de grave peligro.

La ONU insiste en que las decisiones de deportación deben considerar las condiciones reales del país de destino y garantizar los derechos fundamentales de las personas afectadas.

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Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales

La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo

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Agentes de la Dirección General de Migración y organismos de seguridad durante los operativos de interdicción realizados en distintas provincias del país

La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.

Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.

De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.

Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.

La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.

La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.

 

Provincias con más detenciones

Provincia Casos
Elías Piña 201
Dajabón 179
Santo Domingo 149
Valverde 129
Independencia 123
San Juan 117
Pedernales 104
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Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant

La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli

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Vehículos blindados de la Policía Nacional de Haití durante la operación realizada en Martissant, al sur de Puerto Príncipe

Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.

La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.

A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.

Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas

La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.

Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.

Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.

Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli

Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.

La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.

La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.

La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.

El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable

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Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones

La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones

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Agentes y fiscales durante los allanamientos de la Operación Rompeolas, desplegada contra una presunta estructura de narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.

El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.

El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.

Una ruta marítima bajo investigación

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.

Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.

Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.

Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial

Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.

El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.

Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.

La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.

Investigación continúa

Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.

La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.

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