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Navarrete extiende el paro ante falta de acuerdo con el Gobierno
El paro en Navarrete fue extendido por 24 horas ante la falta de acuerdos con el Gobierno. La protesta ha afectado comercios y transporte y se desarrolla en medio de un incremento de la tensión tras un incidente con disparos.
El municipio de Villa Bisonó, conocido como Navarrete, permanece este miércoles bajo tensión luego de que organizaciones sociales y populares decidieran extender por otras 24 horas el paro de actividades que había sido convocado inicialmente por 48 horas.
La extensión de la protesta responde, según los convocantes, a la falta de una respuesta concreta del Gobierno a sus demandas y a la ausencia de una mesa de diálogo que permita alcanzar acuerdos sobre los reclamos planteados por la comunidad.
La jornada ha provocado afectaciones en las actividades comerciales y el transporte, mientras se mantiene un amplio despliegue de agentes policiales y militares en distintos puntos del municipio.
Los reclamos de los grupos sociales
Las organizaciones convocantes sostienen que la protesta busca llamar la atención sobre una serie de necesidades que, aseguran, permanecen pendientes de solución.
Entre los reclamos planteados en las movilizaciones se encuentran demandas relacionadas con obras de infraestructura, servicios públicos y otras necesidades sociales de la comunidad.
Los grupos populares han insistido en que esperan respuestas oficiales y la instalación de un espacio de diálogo que permita discutir sus demandas directamente con representantes del Gobierno.
La decisión de extender el paro se produjo después de que concluyera el período inicial de 48 horas sin que los convocantes consideraran satisfechas sus expectativas.
Comercio y transporte sienten el impacto
La protesta ha tenido consecuencias directas sobre la dinámica cotidiana de Navarrete.
Medios locales reportan cierre de establecimientos comerciales y afectaciones en el transporte, mientras las calles permanecen con una actividad considerablemente menor de lo habitual.
La presencia de las fuerzas de seguridad también ha aumentado, especialmente en zonas consideradas sensibles ante la posibilidad de disturbios.
Para residentes y comerciantes, el conflicto representa una nueva interrupción de las actividades económicas y sociales del municipio, mientras continúa sin concretarse una salida negociada que permita levantar la protesta.
La tensión aumentó este miércoles
La situación adquirió un nuevo nivel de tensión durante la jornada de este miércoles, cuando se informó sobre un incidente con disparos ocurrido durante un recorrido de supervisión realizado por el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz, en medio del paro.
Según reportes periodísticos, el hecho ocurrió próximo a la zona franca, específicamente en la calle Arturo Bisonó Toribio.
La Policía Nacional posteriormente desmintió que se hubiera producido un ataque directamente contra su director, aunque confirmó la existencia de un incidente que involucró disparos durante la jornada de protestas.
Posteriormente, agentes policiales realizaron allanamientos en distintos sectores de Navarrete como parte de las acciones desplegadas tras los acontecimientos registrados durante el recorrido.
Los convocantes rechazan vinculación con los disparos
En medio de las acusaciones y señalamientos surgidos tras el incidente, organizaciones sociales vinculadas al paro rechazaron tener conocimiento o participación en una supuesta planificación del tiroteo.
El Frente Popular Che Guevara y el Movimiento 24 de Abril se pronunciaron públicamente sobre el caso y advirtieron incluso sobre la posibilidad de ampliar las medidas de protesta si no reciben respuestas a sus reclamos.
Esta parte de la situación continúa bajo investigación, por lo que las responsabilidades individuales deberán determinarse a partir de las pesquisas correspondientes.
El diálogo, la principal vía para destrabar el conflicto
La extensión del paro vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión central: la necesidad de establecer un mecanismo de diálogo entre las autoridades y las organizaciones comunitarias.
Mientras los convocantes sostienen que han recurrido a la protesta debido a la falta de respuestas, el Gobierno enfrenta el desafío de encontrar una vía que permita atender los reclamos sin que la situación derive en mayores alteraciones del orden público.
La experiencia de Navarrete también refleja una problemática recurrente en distintas comunidades del país: demandas sociales acumuladas que, cuando no encuentran canales efectivos de interlocución, terminan trasladándose a las calles.
Por ahora, el municipio continúa bajo vigilancia y con sus actividades parcialmente afectadas, mientras los grupos convocantes mantienen su posición y esperan una respuesta oficial.
Una comunidad a la espera de respuestas
Más allá de las diferencias entre las partes, el escenario plantea una realidad que merece atención: los conflictos sociales no desaparecen simplemente porque las calles recuperen su normalidad.
La salida sostenible pasa por escuchar las demandas, establecer prioridades, determinar cuáles compromisos pueden cumplirse y construir mecanismos de seguimiento que permitan a la comunidad conocer qué se hará y en qué plazo.
En Navarrete, el desafío inmediato es evitar que la protesta siga escalando y que nuevos episodios de violencia terminen desplazando el debate sobre las necesidades que dieron origen a la movilización.
El diálogo sigue siendo, en este contexto, la herramienta más importante para convertir la tensión social en acuerdos concretos.
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Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales
La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo
La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.
Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.
De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.
Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.
La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.
La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.
Provincias con más detenciones
| Provincia | Casos |
|---|---|
| Elías Piña | 201 |
| Dajabón | 179 |
| Santo Domingo | 149 |
| Valverde | 129 |
| Independencia | 123 |
| San Juan | 117 |
| Pedernales | 104 |
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Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant
La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli
Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.
La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.
A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.
Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas
La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.
Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.
Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.
Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli
Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.
La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.
La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.
La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.
El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable
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Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones
La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.
El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.
El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.
Una ruta marítima bajo investigación
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.
Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.
Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.
Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial
Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.
El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.
Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.
La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.
Investigación continúa
Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.
La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.
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