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Ministerio Público sostiene que ataque contra Julián Oro Duro fue planificado un mes antes
El Ministerio Público sostiene que el ataque contra Julián Oro Duro y su esposa, Zeneida Socorro Castillo, comenzó a planificarse aproximadamente un mes antes de ocurrido. La Fiscalía basa su tesis, entre otros elementos, en registros de cámaras de seguridad y en la presunta coordinación previa de los cuatro imputados
El Ministerio Público sostiene que el ataque perpetrado contra el merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, y su esposa, Zeneida Socorro Castillo, no habría sido un hecho improvisado, sino una acción que comenzó a organizarse aproximadamente un mes antes de su ejecución.
La afirmación está contenida en la solicitud de medida de coerción presentada contra cuatro hombres imputados por el hecho ocurrido el pasado 20 de septiembre en la residencia de la pareja, ubicada en el sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este.
De acuerdo con la tesis presentada por la Fiscalía, la planificación habría incluido la coordinación de los participantes, el aprovechamiento de relaciones de confianza con la familia y la obtención de información sobre la vivienda y los movimientos de sus ocupantes.
El expediente identifica como imputados a Phillips Michael Tejeda Vásquez, Juan Carlos Hernández García, Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias “Chiquito”, y Kevin Dariel Germán Troncoso, alias “Yandel”. El Ministerio Público atribuye diferentes funciones a cada uno dentro del supuesto plan.
Cámaras de seguridad, una pieza de la investigación
Entre los elementos presentados por la Fiscalía figuran grabaciones de cámaras de vigilancia que, según el órgano acusador, muestran a los imputados reunidos previamente en una estación de combustible ubicada en La Victoria, Santo Domingo Norte.
Según el expediente, en ese encuentro se habrían coordinado aspectos relacionados con la ejecución del hecho. El Ministerio Público también sostiene que otras imágenes permitieron reconstruir parte de los desplazamientos de los investigados antes y después del ataque.
La Fiscalía señala además que Tejeda Vásquez mantenía una relación de confianza con la familia, debido a trabajos que había realizado previamente en la residencia. Según la acusación, esa cercanía le habría permitido conocer aspectos de la vivienda y facilitar información utilizada posteriormente en la planificación.
La acusación sostiene que esperaron horas por el artista
Otro de los elementos destacados por el Ministerio Público es que los presuntos agresores habrían permanecido dentro de la residencia durante más de seis horas después de ingresar.
La Fiscalía sostiene que durante ese período localizaron aproximadamente US$50,000 en efectivo y varias prendas de oro, pero permanecieron en el inmueble a la espera del regreso de Julián Oro Duro.
Según el expediente, el artista llegó alrededor de las 11:50 de la noche y fue sorprendido por los hombres que permanecían en el interior. La acusación sostiene que fue golpeado en la cabeza y el rostro, sufriendo lesiones craneofaciales y una hemorragia que requirió atención médica.
En el caso de Zeneida Socorro Castillo, de acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la mujer fue atacada durante el asalto y posteriormente murió como consecuencia de las heridas recibidas.
El Ministerio Público atribuye directamente a Liranzo Marcos y Germán Troncoso la participación material en las agresiones contra la víctima. Estas imputaciones deberán ser establecidas en el proceso judicial correspondiente y los acusados mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
Audiencia de coerción fue aplazada
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el miércoles 30 de septiembre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los cuatro imputados.
El Ministerio Público solicita prisión preventiva y que el proceso sea declarado de tramitación compleja, argumentando la cantidad de imputados, la gravedad de los hechos y el volumen de evidencias que deben ser analizadas.
La calificación jurídica provisional presentada por la Fiscalía incluye asociación de malhechores, homicidio voluntario agravado, tortura o actos de barbarie y robo agravado. Estas son imputaciones provisionales y no equivalen a una sentencia de culpabilidad.
El proceso continúa bajo investigación mientras el tribunal deberá conocer las medidas solicitadas por el Ministerio Público y los argumentos de las defensas.
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Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales
La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo
La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.
Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.
De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.
Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.
La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.
La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.
Provincias con más detenciones
| Provincia | Casos |
|---|---|
| Elías Piña | 201 |
| Dajabón | 179 |
| Santo Domingo | 149 |
| Valverde | 129 |
| Independencia | 123 |
| San Juan | 117 |
| Pedernales | 104 |
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Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant
La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli
Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.
La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.
A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.
Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas
La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.
Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.
Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.
Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli
Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.
La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.
La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.
La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.
El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable
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Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones
La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.
El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.
El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.
Una ruta marítima bajo investigación
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.
Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.
Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.
Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial
Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.
El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.
Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.
La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.
Investigación continúa
Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.
La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.
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