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¿Menos delitos o más desconfianza? La seguridad ciudadana vuelve al centro del debate nacional
La seguridad ciudadana vuelve al centro del debate dominicano. Mientras la Policía Nacional reporta una reducción de homicidios y robos, Fuerza del Pueblo cuestiona las estadísticas oficiales y el PLD reclama mayor transparencia sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales. A esto se suman las críticas de Danilo Medina, quien citó una encuesta no identificada públicamente para cuestionar la percepción ciudadana sobre el rumbo del país. El debate abre una discusión más amplia sobre cifras, metodología, percepción y confianza institucional.
La seguridad ciudadana vuelve a ocupar un lugar central en el debate público dominicano, esta vez a partir de tres cuestionamientos planteados desde la oposición: la confiabilidad de las estadísticas oficiales sobre criminalidad, la percepción de los ciudadanos sobre el rumbo del país y los resultados de la reforma de la Policía Nacional.
Las posiciones expresadas recientemente por Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) colocan bajo escrutinio la manera en que el Gobierno mide y comunica los avances en materia de seguridad, mientras las autoridades sostienen que los principales indicadores delictivos mantienen una tendencia descendente.
El primer punto de fricción: las cifras
La Fuerza del Pueblo cuestionó públicamente las estadísticas divulgadas por el Ministerio de Interior y Policía y acusó a la institución de presentar una reducción de la criminalidad que, a juicio de esa organización, no reflejaría adecuadamente la realidad que enfrenta la población.
La organización opositora ha reclamado mayor transparencia en la metodología utilizada para construir los indicadores de seguridad y ha planteado la necesidad de contrastar las cifras oficiales con otros registros.
Sin embargo, los datos oficiales más recientes muestran una tendencia concreta: la Policía Nacional informó que la tasa acumulada de homicidios se situó en 7.36 por cada 100,000 habitantes al 25 de septiembre, frente a 8.74 en el mismo período de 2025. También reportó una reducción de 40.5 % en los robos, con 3,504 casos frente a 5,891 registrados durante igual período del año anterior.
El debate, por tanto, no se limita a determinar si existe una reducción estadística del delito, sino a establecer qué indicadores deben utilizarse, cómo se clasifican los hechos y hasta qué punto esas cifras representan la experiencia cotidiana de la ciudadanía.
Percepción ciudadana y crítica política
Ese último elemento aparece también en las declaraciones del expresidente y presidente del PLD, Danilo Medina, quien durante una actividad partidaria en Higüey cuestionó la gestión del Gobierno y citó una encuesta cuyo nombre y ficha técnica no fueron divulgados públicamente.
Según Medina, la medición indica que 80 % de los encuestados considera que el país marcha por el camino equivocado, mientras un 16 % entiende que avanza en la dirección correcta. También afirmó que 71 % de quienes votaron por el actual presidente considera que el país lleva un rumbo equivocado.
Al no conocerse públicamente la encuesta citada por Medina, sus resultados deben entenderse como datos atribuidos a una medición mencionada por el dirigente político, y no como una encuesta independiente cuya metodología pueda ser examinada.
Aun así, sus declaraciones reflejan otro componente del debate: la diferencia que puede existir entre los indicadores estadísticos y la percepción ciudadana.
En seguridad, esta brecha es particularmente relevante. Una disminución de la tasa de homicidios puede coexistir con una población que mantiene temor frente a robos, asaltos, violencia o determinadas actuaciones policiales.
La reforma policial también entra en discusión
El segundo gran frente de cuestionamientos corresponde a la reforma de la Policía Nacional.
El PLD reclamó recientemente que el Gobierno publique estadísticas oficiales, actualizadas y desagregadas sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales, además de solicitar investigaciones sobre esos casos y una revisión de los protocolos relacionados con el uso de la fuerza.
El partido citó registros periodísticos según los cuales durante septiembre se habían reportado más de 30 fallecimientos vinculados a actuaciones policiales, frente a 14 casos registrados en septiembre de 2025. También mencionó un conteo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que situaba en 31 las muertes durante septiembre y en 200 las acumuladas durante el año. El PLD pidió que las autoridades establezcan cuál es la cifra oficial definitiva.
La discusión plantea una cuestión institucional que trasciende la confrontación partidaria: la reducción de la criminalidad y el uso legítimo de la fuerza policial son asuntos diferentes, aunque ambos forman parte de la evaluación de una política de seguridad.
Una reforma policial no se mide únicamente por la cantidad de agentes formados, nuevos equipos o cambios administrativos. También involucra aspectos como profesionalización, permanencia del personal, protocolos de actuación, investigación de incidentes y confianza ciudadana.
Un debate que exige más datos, no menos
Las propias cifras oficiales muestran que existen distintos indicadores para analizar la seguridad.
Mientras la Policía reporta una reducción de homicidios y robos, durante septiembre contabilizó 99 homicidios hasta el día 25, de los cuales 45 fueron clasificados como vinculados a acción legal, 35 a conflicto social, 11 a delincuencia y ocho permanecían bajo investigación.
Esta clasificación resulta relevante porque evidencia que hablar simplemente de “homicidios” puede ocultar diferencias importantes entre las circunstancias en que ocurren las muertes.
Por eso, uno de los reclamos centrales de la oposición —publicar información más desagregada y periódica— apunta a una necesidad institucional: que ciudadanos, periodistas, investigadores y organizaciones puedan revisar los datos y comprender cómo se construyen los indicadores.
La discusión sobre seguridad ciudadana no debería reducirse, entonces, a una disputa entre “el Gobierno dice que bajó” y “la oposición dice que no”.
El desafío consiste en responder preguntas más concretas: ¿qué delitos están disminuyendo?, ¿en qué territorios?, ¿cuáles aumentan?, ¿cómo se clasifican las muertes durante intervenciones policiales?, ¿cuántos casos son investigados?, ¿qué resultados tienen esas investigaciones? y ¿cómo ha evolucionado la percepción de seguridad de la población?
Estadísticas y percepción: dos realidades que deben dialogar
La seguridad ciudadana tiene una dimensión estadística, pero también una dimensión humana.
Una tasa de homicidios puede disminuir y, al mismo tiempo, una persona puede sentirse menos segura al caminar por su barrio. De igual manera, una percepción negativa no necesariamente demuestra que las estadísticas oficiales sean incorrectas.
Ambas dimensiones requieren ser observadas de manera conjunta.
El actual debate político dominicano demuestra precisamente esa tensión: el Gobierno presenta indicadores que muestran reducciones en determinados delitos, mientras los partidos opositores cuestionan la metodología, reclaman mayor transparencia y llaman la atención sobre la experiencia ciudadana y las actuaciones policiales.
Más que elegir entre una cifra y otra, el reto institucional consiste en disponer de información suficientemente completa para que la sociedad pueda sacar sus propias conclusiones.
En última instancia, la seguridad no se comunica únicamente mediante porcentajes. También se construye mediante instituciones confiables, estadísticas verificables, investigaciones transparentes y una Policía capaz de responder al delito respetando los procedimientos establecidos.
Ese es, precisamente, el punto en el que el debate sobre las cifras de criminalidad termina convirtiéndose en un debate más amplio sobre confianza pública, transparencia y seguridad ciudadana.