La República Dominicana recibió este miércoles un importante reconocimiento internacional por su papel en los esfuerzos para enfrentar la crisis que afecta a Haití, luego de que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, agradeciera públicamente al presidente Luis Abinader el respaldo brindado por el país a las iniciativas impulsadas para restablecer la seguridad y promover una transición política en la vecina nación.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio Nacional, como parte de la agenda regional de Guterres, quien posteriormente continuó su visita oficial a Haití para evaluar junto a autoridades locales e internacionales la situación de seguridad que mantiene en vilo al país caribeño.

Al concluir la reunión, el máximo representante de las Naciones Unidas destacó la cooperación constante del Gobierno dominicano y su respaldo a los mecanismos internacionales orientados a combatir la violencia de las bandas armadas que actualmente controlan amplias zonas del territorio haitiano.

“Todos queremos restablecer la seguridad en Haití. Es absolutamente esencial para Haití y para la región el restablecimiento de la seguridad que permita una evolución política con elecciones y la integración de Haití en la comunidad internacional”, expresó Guterres.

Reconocimiento al rol dominicano

Durante sus declaraciones, el secretario general de la ONU resaltó que existe una visión compartida entre las Naciones Unidas y la República Dominicana sobre la urgencia de fortalecer las acciones contra los grupos criminales que operan en Haití y crear las condiciones necesarias para recuperar la institucionalidad democrática.

Guterres valoró además el apoyo ofrecido por el Gobierno dominicano a los esfuerzos internacionales destinados a facilitar el despliegue de una fuerza multinacional de seguridad y acompañar el proceso de estabilización del país vecino.

“Quiero agradecer profundamente la cooperación de la República Dominicana con todos nuestros esfuerzos en este sentido”, manifestó.

Haití continúa siendo una prioridad regional

La visita del secretario general de la ONU ocurre en medio de una de las crisis más complejas que ha enfrentado Haití en las últimas décadas, marcada por el avance de las bandas armadas, el debilitamiento de las instituciones estatales, la crisis humanitaria y la ausencia de condiciones para la celebración de elecciones democráticas.

Ante este escenario, República Dominicana ha mantenido una postura firme en distintos foros internacionales, insistiendo en que la solución a la crisis haitiana requiere una mayor participación de la comunidad internacional y acciones concretas para garantizar la seguridad y la gobernabilidad.

El Gobierno dominicano ha advertido en múltiples ocasiones sobre las implicaciones que la inestabilidad haitiana representa para toda la región, especialmente en materia de migración, seguridad fronteriza y desarrollo económico.

Un respaldo que fortalece la posición diplomática del país

Las declaraciones de António Guterres representan uno de los reconocimientos más relevantes realizados por la comunidad internacional hacia la República Dominicana en relación con la crisis haitiana.

El gesto fortalece la posición diplomática del país y reafirma su participación activa en los debates regionales e internacionales que buscan construir una solución sostenible para Haití, considerada actualmente una de las principales preocupaciones de seguridad del hemisferio.

Mientras tanto, la ONU continúa impulsando acciones coordinadas para apoyar la recuperación institucional haitiana y facilitar el retorno de condiciones mínimas de estabilidad que permitan encaminar el país hacia un proceso democrático y de desarrollo.

El proyecto de ley de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional entra este jueves en una etapa decisiva con su conocimiento en la Cámara de Diputados, luego de ser aprobado de urgencia por el Senado de la República durante una maratónica jornada legislativa.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de recaudar aproximadamente RD$50,000 millones adicionales para fortalecer las finanzas públicas y enfrentar los efectos de la coyuntura económica internacional, fue aprobada en dos lecturas consecutivas gracias a la mayoría legislativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados.

Ahora, la atención se centra en la Cámara Baja, donde los legisladores están convocados para sesionar este jueves a las 10:00 de la mañana y decidir el futuro inmediato de una propuesta que ha generado amplio debate entre sectores políticos, empresariales y sociales.

Durante la discusión en el Senado, los legisladores oficialistas rechazaron dos propuestas presentadas por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien planteó ampliar la indexación salarial hasta los RD$52,000 mensuales y extender la eliminación del anticipo también a las pequeñas empresas. Ambas iniciativas fueron descartadas por la mayoría oficialista.

No obstante, la pieza sí experimentó algunas modificaciones impulsadas por el senador Pedro Catrain. Entre ellas figura la aclaración de que el aumento temporal del Impuesto Sobre la Renta para grandes contribuyentes solo aplicará durante los años fiscales 2026, 2027 y 2028, retornando a la tasa actual a partir de 2029.

Asimismo, se modificó el esquema tributario para los premios de lotería, estableciendo una tasa de 15 % para premios entre RD$200,000 y RD$600,000, mientras que los montos superiores a esa cifra estarán sujetos a una retención del 25 %.

La propuesta fiscal contempla además importantes medidas como la eliminación del anticipo para las microempresas, una amnistía tributaria para regularización de deudas, la reducción del impuesto por ganancia de capital en la venta de inmuebles, el aumento de las deducciones por gastos educativos y la actualización de la escala salarial exenta del Impuesto Sobre la Renta.

De ser aprobada por los diputados sin modificaciones adicionales, la iniciativa quedaría lista para ser remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, convirtiéndose en una de las reformas económicas más importantes impulsadas por el Gobierno durante el presente período legislativo.

El debate en la Cámara de Diputados será seguido de cerca por diversos sectores, debido al impacto que las nuevas disposiciones podrían tener sobre empresas, trabajadores, contribuyentes y consumidores en todo el país.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió este martes una de las sentencias más trascendentales de los últimos años en materia de corrupción administrativa, al condenar a 29 personas vinculadas al entramado de corrupción desmantelado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

La decisión judicial pone fin a un proceso que se extendió durante casi cinco años y que investigó el presunto desfalco de más de RD$4,500 millones de fondos públicos a través de organismos de seguridad del Estado.

Adán Cáceres recibe la pena máxima

Entre los condenados figura el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), quien recibió una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos.

La misma pena fue impuesta al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Juan Carlos Torres Robiou, así como al coronel Rafael Núñez de Aza.

Las juezas concluyeron que las pruebas documentales, financieras y testimoniales permitieron demostrar la participación de los imputados en un esquema organizado para sustraer recursos del Estado y posteriormente introducirlos al sistema financiero mediante operaciones de lavado de activos.

Condenas de 15 y 10 años para otros implicados

El tribunal también condenó a 15 años de prisión al general Julio Camilo de los Santos Viola y a la pastora Rossy Guzmán Sánchez, conocida públicamente como “La Pastora”, a quienes además les fue impuesto el pago de 400 salarios mínimos.

Mientras tanto, Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores recibieron condenas de 10 años de prisión.

El papel del testigo colaborador

Uno de los aspectos más relevantes del proceso fue la participación del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado pieza clave en el esclarecimiento de la investigación.

Aunque fue condenado a cinco años de prisión, el tribunal declaró la pena cumplida debido al tiempo transcurrido y valoró su condición de colaborador de la justicia.

Las informaciones aportadas por Girón fueron fundamentales para reconstruir el funcionamiento interno de la red y documentar la existencia de nóminas irregulares y estructuras de captación de recursos.

Tribunal ordena indemnización de RD$5,000 millones

Además de las condenas penales, las juezas dispusieron una indemnización de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano por los daños ocasionados por la estructura de corrupción.

El Ministerio Público sostuvo durante el juicio que la red operó mediante el abultamiento de nóminas, la creación de puestos ficticios, contratos simulados y el uso irregular de fondos públicos provenientes principalmente del CUSEP y el CESTUR.

Seis imputados fueron absueltos

La sentencia también incluyó absoluciones para Tanner Antonio Flete Guzmán, Manuel de Jesús Alba Solano, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Santiago Antonio Suárez Peguero, Miguel Ventura Pichardo y Erick Daniel Pereyra Núñez.

El tribunal consideró que las pruebas presentadas no fueron suficientes para comprometer su responsabilidad penal dentro del entramado investigado.

Un precedente en la lucha contra la corrupción

La decisión judicial representa uno de los fallos más importantes emitidos en materia de corrupción administrativa en República Dominicana.

Las magistradas concluyeron que la estructura operó de manera organizada durante años, aprovechando posiciones de poder dentro de organismos de seguridad del Estado para apropiarse de recursos públicos y ocultar posteriormente el origen ilícito de esos fondos.

Con esta sentencia, el caso Coral y Coral 5G entra en una nueva etapa, marcada por posibles recursos de apelación, mientras el fallo es observado como un precedente significativo en los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en la administración pública.