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Gobierno deroga régimen arancelario especial para el arroz en medio de conversaciones con EE. UU.

El Gobierno dominicano derogó el Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26, eliminando el régimen arancelario especial que establecía tasas de 20 % dentro del contingente y hasta 99 % fuera de este para determinadas importaciones de arroz. La medida ocurre en medio de conversaciones comerciales con Estados Unidos y genera un nuevo escenario para productores, consumidores y la seguridad alimentaria nacional

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La derogación del régimen arancelario modifica las condiciones para la importación de arroz en República Dominicana

El Gobierno dominicano dejó sin efecto el régimen arancelario especial que regulaba la importación de arroz, una medida que modifica las condiciones de acceso del cereal al mercado nacional y abre un nuevo capítulo en la relación comercial con Estados Unidos.

La decisión está contenida en el Decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026 por el presidente Luis Abinader, mediante el cual fue derogado en su totalidad el Decreto 693-24, promulgado en diciembre de 2024 para establecer medidas de protección a la producción arrocera nacional.

La normativa derogada establecía un arancel de 20 % ad valorem dentro del contingente establecido por República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), mientras que las importaciones que superaran ese volumen podían enfrentar una tasa de 99 %.

El decreto también contemplaba una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz originario de Estados Unidos con arancel cero. Una vez superado ese volumen, el cereal estadounidense quedaba sujeto al arancel de Nación Más Favorecida (NMF), de 99 %.

La presión comercial de Estados Unidos

La derogación ocurre en medio de conversaciones comerciales entre República Dominicana y Estados Unidos.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) había planteado la necesidad de eliminar el Decreto 693-24, argumentando que sus disposiciones afectaban las condiciones de acceso del arroz estadounidense al mercado dominicano previstas en el DR-CAFTA.

El reclamo se produjo después de una reunión entre representantes estadounidenses y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó, en la que también se abordó el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países y la posibilidad de negociar un acuerdo de comercio recíproco.

El presidente Abinader había señalado previamente que las conversaciones con Washington debían tomar como referencia los compromisos asumidos por ambas naciones en el tratado de libre comercio.

Un producto estratégico para República Dominicana

La decisión adquiere especial relevancia por el peso del arroz en la alimentación dominicana. De acuerdo con datos citados por la consultora DASA, el consumo nacional ronda los 65 kilogramos por habitante al año.

En 2024, República Dominicana produjo aproximadamente 680,000 toneladas de arroz, volumen que permitió cubrir cerca del 96 % del consumo nacional.

El Gobierno había defendido anteriormente la fortaleza de la producción local. En abril de este año, el Ministerio de Agricultura informó que el país contaba con más de 5 millones de quintales de arroz en inventario, sin incluir la producción en curso, y destacó al cereal como un componente esencial de la seguridad alimentaria nacional.

Preocupación entre los productores

La eliminación del régimen especial genera inquietud dentro del sector arrocero, que teme que una mayor entrada de producto importado pueda presionar los precios y las condiciones de comercialización de la producción nacional.

Representantes de los productores han defendido que cualquier volumen de arroz que el país necesite importar sea adquirido preferentemente en Estados Unidos, como parte de una solución que permita cumplir los compromisos comerciales sin desplazar innecesariamente la producción dominicana.

El sector también ha cuestionado el manejo de las importaciones registradas durante los últimos años. Según declaraciones recogidas por medios locales, entre 2024 y 2025 ingresaron importantes volúmenes de arroz procedentes de países sudamericanos y centroamericanos, mientras los productores reclaman mecanismos que garanticen la protección de la producción nacional.

Entre el libre comercio y la seguridad alimentaria

La nueva disposición coloca nuevamente al arroz en el centro de un debate que va más allá de los aranceles: cómo equilibrar los compromisos internacionales de libre comercio con la protección de uno de los principales productos de la dieta dominicana.

La Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas explica que el DR-CAFTA contempla diferentes categorías de desgravación para los productos agropecuarios y mecanismos de contingentes arancelarios para mercancías consideradas sensibles por los países firmantes.

Para los consumidores, una mayor competencia externa podría traducirse en una oferta más amplia y eventualmente ejercer presión sobre los precios. Para los productores, en cambio, el reto será competir en un mercado con menores barreras de entrada, especialmente frente a economías con estructuras de producción y costos diferentes.

La derogación del Decreto 693-24 no resuelve por sí sola ese equilibrio. Abre, más bien, una nueva etapa en la que el Gobierno deberá definir cómo garantizar el cumplimiento de los compromisos comerciales asumidos por el país sin comprometer la sostenibilidad del sector arrocero ni la seguridad alimentaria nacional.

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Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales

La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo

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Agentes de la Dirección General de Migración y organismos de seguridad durante los operativos de interdicción realizados en distintas provincias del país

La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.

Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.

De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.

Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.

La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.

La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.

 

Provincias con más detenciones

Provincia Casos
Elías Piña 201
Dajabón 179
Santo Domingo 149
Valverde 129
Independencia 123
San Juan 117
Pedernales 104
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Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant

La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli

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Vehículos blindados de la Policía Nacional de Haití durante la operación realizada en Martissant, al sur de Puerto Príncipe

Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.

La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.

A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.

Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas

La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.

Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.

Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.

Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli

Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.

La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.

La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.

La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.

El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable

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Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones

La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones

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Agentes y fiscales durante los allanamientos de la Operación Rompeolas, desplegada contra una presunta estructura de narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.

El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.

El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.

Una ruta marítima bajo investigación

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.

Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.

Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.

Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial

Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.

El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.

Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.

La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.

Investigación continúa

Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.

La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.

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