El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 25-26, que regula la prevención y respuesta ante las desapariciones de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas «Alerta RD», una herramienta diseñada para agilizar la localización de personas desaparecidas mediante mecanismos de búsqueda inmediata y coordinación interinstitucional.

La nueva legislación elimina la necesidad de esperar 24 horas para iniciar los protocolos de búsqueda, permitiendo que las autoridades activen alertas desde el momento en que se recibe un reporte con información suficiente que justifique la desaparición.

La ley tiene como objetivo establecer un sistema nacional de difusión rápida y coordinada que involucre a instituciones públicas, medios de comunicación y a la ciudadanía en los esfuerzos de localización de personas desaparecidas.

La normativa reconoce que la desaparición de personas constituye una grave vulneración de los derechos humanos y establece la obligación del Estado de actuar con diligencia, rapidez y coordinación para prevenir daños irreparables y reducir la incertidumbre que enfrentan los familiares.

La iniciativa fue propuesta por las diputadas Carmen Ligia Barceló y Liz Mieses, aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado miércoles.

Tipos de alertas

La ley crea diferentes categorías de alertas según las características de la persona desaparecida.

La Alerta Amber estará destinada a la búsqueda de niños, niñas y adolescentes.

La Alerta Silver se activará para adultos mayores.

La Alerta Azul estará dirigida a personas con discapacidad.

Mientras que la Alerta Rosa se utilizará en casos de mujeres desaparecidas en contextos de violencia o trata de personas.

Una vez activada una alerta, las autoridades deberán registrar el caso en una base de datos nacional, difundir la información mediante medios de comunicación y plataformas digitales, y coordinar operativos de búsqueda en hospitales, terminales de transporte, aeropuertos y pasos fronterizos.

La legislación también contempla la posibilidad de solicitar cooperación internacional cuando existan indicios de que la persona desaparecida pudo haber sido trasladada fuera del país o vinculada a delitos transnacionales.

Creación de un registro nacional

La ley dispone la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una plataforma administrada por la Policía Nacional que concentrará información sobre cada caso, incluyendo fotografías, características físicas, circunstancias de la desaparición, condiciones médicas y estatus de la búsqueda.

Asimismo, establece el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrito al Ministerio de Interior y Policía e integrado por representantes de distintas instituciones estatales, entre ellas la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sanciones y aplicación

La normativa contempla sanciones para los funcionarios que incumplan los deberes de información y actuación establecidos en la ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse de sus acciones u omisiones.

Las alertas tendrán una vigencia inicial de cinco días calendario y podrán ser prorrogadas cuantas veces sea necesario mientras persistan las circunstancias que motivaron su activación.

La ley también obliga a emitir una notificación oficial cuando una alerta sea desactivada, explicando las razones de la decisión y dejando constancia pública tanto de su apertura como de su cierre.

El Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de 90 días para aprobar el reglamento que definirá los procedimientos operativos del nuevo sistema.

La Junta Central Electoral (JCE) recibió el premio internacional al “Mejor Documento de Identidad 2026”, otorgado durante el Foro High Security Printing Latin America 2026, celebrado en Ciudad de Guatemala, consolidando a la República Dominicana como referente regional en materia de identidad segura, innovación tecnológica y transformación digital.

La distinción fue concedida a la nueva cédula de identidad y electoral dominicana, tras competir con los documentos de identidad de Costa Rica y Argentina, únicas naciones nominadas junto al país. El jurado valoró aspectos como la seguridad documental, innovación tecnológica, capacidad operativa, experiencia ciudadana y cumplimiento de estándares internacionales.

La delegación dominicana estuvo encabezada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, y el director nacional de Cedulación, Américo Rodríguez, quienes recibieron el reconocimiento en representación de la institución.

Durante su intervención, Jáquez Liranzo destacó que el galardón confirma el avance que representa la nueva cédula para el país, al incorporar elevados niveles de seguridad, tecnología e identidad digital.

“El reconocimiento al ‘Mejor Documento de Identidad de la Región 2026’ significa que la nueva cédula dominicana es considerada la más avanzada de América Latina en seguridad documental, innovación tecnológica, identidad digital, capacidad operativa, experiencia ciudadana y cumplimiento de estándares internacionales”, expresó.

El presidente de la JCE resaltó además la evolución que ha experimentado el sistema de identificación nacional en las últimas décadas.

“Hace 34 años la cédula dominicana era de cartón. Hoy contamos con un documento reconocido como el más seguro e innovador de América Latina, respaldado por los más altos estándares internacionales”, afirmó.

Jáquez Liranzo explicó que la nueva cédula incorpora elementos patrióticos, culturales y ambientales, además de una visión moderna orientada a responder a las necesidades de las futuras generaciones.

El funcionario dedicó el reconocimiento al pueblo dominicano y agradeció al personal de la JCE, especialmente a la Dirección de Cedulación y al Consorcio EMDOC, por el trabajo realizado durante el desarrollo e implementación del proyecto.

Por su parte, el director nacional de Cedulación, Américo Rodríguez, señaló que el premio posiciona a la JCE entre los organismos electorales y de identidad más avanzados de la región.

Destacó que la institución desarrolla simultáneamente un proceso de renovación de identidad tanto en territorio nacional como en el exterior, impactando a dominicanos residentes en más de 35 países.

Rodríguez subrayó que el valor del reconocimiento radica en que es otorgado por una comunidad internacional de especialistas en identidad, documentos seguros y tecnologías gubernamentales, lo que fortalece la credibilidad del sistema dominicano de identificación.

El premio fue entregado durante el High Security Printing Latin America, considerado el principal foro regional especializado en seguridad documental, emisión de documentos gubernamentales, pasaportes, cédulas de identidad, licencias de conducir y tecnologías de autenticación.

El Gobierno dominicano puso en marcha un amplio programa de intervención para rehabilitar 1,451 centros educativos en todo el país, con el objetivo de corregir deficiencias estructurales acumuladas durante años y garantizar espacios seguros y adecuados para estudiantes y docentes.

La iniciativa, ejecutada a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), forma parte del Plan Aulas 24/7-365 y contempla una inversión superior a los 4,000 millones de pesos, impactando a más de 500,000 estudiantes y personal educativo.

Los trabajos responden a numerosas denuncias sobre el deterioro de planteles escolares, incluyendo filtraciones en techos, baños inoperantes, sistemas eléctricos defectuosos, drenajes insuficientes y otras condiciones que afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Como parte del programa, el pasado 2 de junio inició la primera fase de sorteos para seleccionar las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) encargadas de intervenir 331 centros educativos. En total, serán contratados 197 suplidores para ejecutar las obras de rehabilitación y mantenimiento correctivo.

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, informó que los centros identificados con mayores niveles de deterioro serán intervenidos entre junio y agosto, aprovechando el período de vacaciones escolares para acelerar los trabajos sin afectar la docencia.

Además de los 331 planteles incluidos en esta primera etapa, otros 1,120 centros educativos serán intervenidos mediante el Programa de Rehabilitación, Mantenimiento y Terminación de Centros Escolares (PROTCES), a través de procesos de licitación pública.

Las intervenciones priorizarán obras consideradas urgentes, como impermeabilización de techos, reparación de sistemas eléctricos, rehabilitación de baños, corrección de drenajes, construcción y reparación de muros perimetrales, pintura y mantenimiento general.

Las primeras acciones estarán concentradas en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Monte Plata, mientras que posteriormente se extenderán a provincias como Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata y La Altagracia.

La medida surge en un contexto de crecientes preocupaciones por el estado de la infraestructura escolar. Recientemente, docentes y comunitarios denunciaron filtraciones severas en la escuela Emma Balaguer, en Santiago Oeste, mientras que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aseguró que el 71 % de los centros educativos de Santiago Noreste presenta daños significativos.

Especialistas del sector construcción han advertido que las condiciones deficientes de muchas escuelas pueden afectar no solo la calidad educativa, sino también la salud física y emocional de los estudiantes. Las filtraciones constantes favorecen la aparición de hongos y humedad, factores asociados a enfermedades respiratorias y ambientes poco saludables.

A pesar de los avances anunciados, las autoridades reconocen que persiste un déficit estimado de 7,000 aulas en el sistema educativo nacional. No obstante, la DIE informó que durante 2025 se incorporaron 2,011 nuevos espacios educativos y proyecta sumar entre 2,500 y 3,000 aulas adicionales durante este año.

Con estas acciones, el Gobierno busca fortalecer la infraestructura escolar, mejorar las condiciones de aprendizaje y responder a una demanda histórica de comunidades educativas en distintas regiones del país.