Abinader endurece la lucha contra el “terrorismo ambiental”: hasta 30 años de cárcel

El Gobierno dominicano elevó a alto interés nacional y prioridad estratégica la lucha contra el denominado “terrorismo medioambiental” y advirtió que quienes provoquen daños deliberados contra parques nacionales y otros recursos naturales estratégicos podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión.

La medida fue dispuesta por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 615-26, con el que se instruye a distintas instituciones del Estado a fortalecer la prevención, detección, investigación y persecución de acciones que ocasionen daños graves al patrimonio natural del país.

La disposición contempla una respuesta coordinada entre organismos civiles, militares, policiales y de seguridad, con especial atención a las áreas protegidas y los ecosistemas considerados estratégicos para la República Dominicana.

Abinader advirtió que las personas involucradas en este tipo de acciones podrían ser procesadas penalmente y enfrentar condenas de entre 20 y 30 años de prisión, dependiendo de la conducta cometida y de la calificación jurídica correspondiente conforme al Código Penal.

Una estrategia contra las agresiones ambientales

El decreto ordena al Comité Nacional Antiterrorista, junto con los ministerios de Defensa y Medio Ambiente, la Policía Nacional y la Dirección General de Migración, elaborar una Política Nacional de Prevención y Combate al Terrorismo Medioambiental.

La estrategia estará orientada, entre otros objetivos, a prevenir y enfrentar incendios forestales provocados, agresiones contra áreas protegidas y amenazas dirigidas contra infraestructuras hídricas y energéticas.

Asimismo, las instituciones deberán remitir al Ministerio Público las agresiones contra el patrimonio ambiental para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El Gobierno también busca perseguir no solo a quienes ejecuten directamente estas acciones, sino a quienes las ordenen, financien o faciliten, fortaleciendo la investigación sobre las redes que puedan estar detrás de los daños ambientales.

Protección de los parques nacionales

La decisión se produce en un contexto de fortalecimiento de las políticas de protección de las áreas naturales del país. El Gobierno ha señalado que durante décadas los parques nacionales enfrentaron problemas relacionados con su protección y seguridad jurídica, por lo que también ha impulsado procesos para regularizar mediante títulos de propiedad terrenos ubicados dentro de áreas protegidas.

El nuevo marco contempla además mecanismos de denuncia confidencial y herramientas tecnológicas para facilitar la participación ciudadana en la protección de los recursos naturales.

Con la declaratoria, el Poder Ejecutivo busca convertir la defensa del patrimonio ambiental en una prioridad de seguridad y establecer una respuesta más contundente frente a quienes provoquen daños deliberados a los ecosistemas protegidos.

La advertencia presidencial es clara: las agresiones graves contra los recursos naturales ya no serán tratadas únicamente como infracciones ambientales, sino que podrán derivar en procesos penales con severas consecuencias.