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A dos años del secuestro del coronel Ricardo Bidó, un episodio que expuso fallas de seguridad en una cárcel de Azua

El 30 de septiembre de 2024, el coronel Ricardo Bidó y un agente penitenciario fueron tomados como rehenes por un interno armado en la cárcel del 15 de Azua. Una operación policial permitió rescatar a ambos funcionarios, mientras el recluso murió durante la intervención. El caso generó investigaciones sobre el origen del arma y volvió a poner bajo escrutinio las condiciones de seguridad y hacinamiento del penal

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El coronel Ricardo Bidó fue rescatado luego de permanecer retenido durante varias horas dentro de la cárcel del 15 de Azua

El 30 de septiembre de 2024, la cárcel del 15 de Azua quedó bajo un amplio dispositivo policial luego de que un interno tomara como rehenes al comandante del recinto, coronel Ricardo Bidó, y al agente penitenciario Francisco Alberto Montilla Díaz.

El episodio se prolongó durante varias horas y terminó con una operación de rescate en la que Bidó fue liberado con heridas de bala, mientras el interno que lo mantenía retenido murió durante la intervención de las fuerzas policiales.

El recluso fue identificado por la Policía como Maikol Deiby Ramírez, alias “Yembrón”, de 38 años. De acuerdo con la versión ofrecida entonces por las autoridades, se encontraba armado dentro del centro penitenciario y mantenía retenidos al coronel y al agente en la oficina del comandante.

La situación cambió cuando las autoridades conocieron que el coronel había resultado herido. La Policía decidió ingresar al área donde se encontraban los rehenes y consiguió rescatar a ambos funcionarios. Montilla resultó ileso, mientras Bidó recibió atención médica por varias heridas de bala.

Un arma dentro del penal

Uno de los principales interrogantes que dejó el caso fue precisamente cómo un interno condenado pudo tener acceso a un arma de fuego dentro de la prisión.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que investigaría las circunstancias en que se produjo el incidente y el origen del arma utilizada por Ramírez.

Al día siguiente del secuestro, las autoridades realizaron un allanamiento en el recinto y trasladaron al menos a seis internos hacia Najayo-Hombres, en San Cristóbal. Durante la intervención fueron ocupados diversos objetos prohibidos, incluyendo drogas, teléfonos celulares, dinero en dólares, chips telefónicos y otros artículos. También se creó una comisión para investigar cómo llegó el arma al penal y determinar a quién pertenecía.

Un penal marcado por el hacinamiento

El incidente también volvió la atención sobre las condiciones de la cárcel del 15 de Azua.

Un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública citado por Diario Libre señalaba que el recinto tenía capacidad para 102 internos, pero albergaba 399, de los cuales 83 eran preventivos y 316 condenados. El documento también advertía sobre frecuentes intervenciones de las autoridades debido a conflictos entre internos.

La dimensión del hacinamiento aportaba entonces otro elemento al debate sobre la seguridad penitenciaria: no se trataba únicamente de determinar qué ocurrió durante el secuestro, sino también de examinar las condiciones que permitieron que un interno tuviera acceso a un arma y pudiera mantener retenidos durante horas a dos funcionarios.

El rescate y las investigaciones posteriores

El coronel Ricardo Bidó fue trasladado a Santo Domingo para continuar su atención médica. Las autoridades informaron que se encontraba fuera de peligro después de recibir asistencia inicial en Azua.

El Ministerio Público quedó a cargo de las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del hecho, mientras las autoridades penitenciarias reforzaron la seguridad del recinto.

Dos años después, el episodio permanece como uno de los incidentes más graves registrados en ese centro penitenciario en los últimos años, no solo por la toma de rehenes y el uso de un arma de fuego, sino por las interrogantes que dejó sobre control interno, acceso a armas, hacinamiento y seguridad dentro de los centros penitenciarios dominicanos.

El caso de Ricardo Bidó terminó con el rescate de los funcionarios, pero abrió preguntas que iban más allá de aquella tarde de septiembre: ¿cómo ingresó el arma al penal?, ¿qué controles fallaron y qué medidas se adoptaron posteriormente para evitar que un episodio similar volviera a ocurrir?

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Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales

La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo

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Agentes de la Dirección General de Migración y organismos de seguridad durante los operativos de interdicción realizados en distintas provincias del país

La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.

Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.

De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.

Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.

La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.

La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.

 

Provincias con más detenciones

Provincia Casos
Elías Piña 201
Dajabón 179
Santo Domingo 149
Valverde 129
Independencia 123
San Juan 117
Pedernales 104
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Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant

La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli

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Vehículos blindados de la Policía Nacional de Haití durante la operación realizada en Martissant, al sur de Puerto Príncipe

Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.

La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.

A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.

Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas

La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.

Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.

Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.

Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli

Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.

La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.

La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.

La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.

El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable

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Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones

La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones

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Agentes y fiscales durante los allanamientos de la Operación Rompeolas, desplegada contra una presunta estructura de narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.

El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.

El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.

Una ruta marítima bajo investigación

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.

Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.

Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.

Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial

Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.

El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.

Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.

La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.

Investigación continúa

Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.

La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.

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