República Dominicana participará durante los próximos dos años en una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y MSD for Mothers destinada a reducir las muertes maternas prevenibles, prevenir embarazos adolescentes no intencionales y fortalecer los servicios de salud materna.

El programa también será implementado en Guatemala y concentrará sus acciones en zonas donde existen mayores necesidades y dificultades de acceso a servicios de salud de calidad. La iniciativa fue anunciada por la OPS el pasado 30 de septiembre y cuenta con la participación de las autoridades sanitarias de ambos países.

En el caso dominicano, el proyecto apoyará los esfuerzos nacionales para fortalecer la planificación familiar después del parto y otros eventos obstétricos, además de mejorar la atención prenatal y capacitar al personal sanitario para responder de manera más adecuada a las necesidades de adolescentes y jóvenes.

La propuesta contempla también la participación de adolescentes y jóvenes en el diseño y mejoramiento de los servicios, con el propósito de que las intervenciones respondan a las necesidades de las poblaciones a las que están dirigidas.

Atención prenatal y prevención de infecciones

Uno de los componentes de la iniciativa estará enfocado en fortalecer las capacidades del personal de salud para brindar atención prenatal integrada.

La capacitación incluirá la prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones que pueden transmitirse de la madre al hijo, entre ellas VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la calidad de la atención durante el embarazo y contribuir a los esfuerzos regionales encaminados a eliminar la transmisión maternoinfantil de estas enfermedades.

El embarazo adolescente continúa siendo un desafío

Las estimaciones nacionales citadas por la OPS sitúan en aproximadamente 12,000 los nacimientos de madres adolescentes que se producen cada año en República Dominicana.

A escala regional, alrededor de 1.6 millones de adolescentes de 15 a 19 años y unas 40,000 niñas menores de 15 años se convierten en madres anualmente en América Latina y el Caribe. La OPS advierte que el embarazo durante la adolescencia continúa siendo un factor importante asociado a la morbilidad y mortalidad maternas.

Precisamente por la magnitud del desafío, República Dominicana y Guatemala fueron seleccionados para esta iniciativa en coordinación con sus respectivas autoridades nacionales. Ambos países mantienen indicadores de mortalidad materna por encima del promedio regional, de acuerdo con la OPS.

Avances registrados en República Dominicana

El nuevo programa llega en un momento en que el país también reporta avances en la reducción de los embarazos adolescentes.

Según datos del Ministerio de Salud Pública citados por la Presidencia, la tasa de partos en adolescentes de 15 a 19 años disminuyó aproximadamente 55 % entre 2017 y 2025, al pasar de 75 a 34 nacimientos por cada mil adolescentes.

Durante ese mismo período, el número de partos en este grupo de edad pasó de 35,461 a 15,563, mientras su proporción dentro del total de nacimientos descendió de 21 % a 11.7 %.

Estos resultados constituyen un avance, aunque las cifras actuales muestran que el embarazo adolescente continúa siendo un desafío para el sistema sanitario y para las políticas públicas dirigidas a adolescentes y jóvenes.

Un programa que busca llegar a las poblaciones más vulnerables

Durante los dos años de implementación, la iniciativa prevé beneficiar directamente a entre 10,000 y 15,000 adolescentes y jóvenes en República Dominicana y Guatemala.

La intervención priorizará comunidades con una elevada incidencia de embarazo adolescente y poblaciones que enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de salud.

El acuerdo se suma a una colaboración entre la OPS y MSD for Mothers que comenzó en 2023 y que ha respaldado proyectos relacionados con salud materna en otros países de la región, entre ellos Honduras y Perú.

Para República Dominicana, el desafío será convertir la cooperación internacional y la capacitación del personal sanitario en servicios más accesibles y oportunos, especialmente para las adolescentes y mujeres que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

La iniciativa coloca nuevamente en el centro de la agenda sanitaria un objetivo fundamental: evitar que una complicación prevenible durante el embarazo, el parto o el puerperio termine en una muerte materna, mientras se fortalecen las herramientas para que las adolescentes puedan acceder a información y servicios de salud adecuados.

Dos agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) enfrentan cargos ante la justicia federal de Estados Unidos por su presunta participación en una conspiración para distribuir cocaína con destino a ese país, en un caso que incluyó una operación encubierta con 35 kilogramos de cocaína simulada trasladados desde Barahona hasta Santo Domingo.

Los acusados fueron identificados como Deny Manuel Sepúlveda de León, segundo teniente de la DNCD, y Oliver Guevara Rodríguez, agente primero de la institución. Ambos fueron arrestados el 28 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, luego de viajar desde República Dominicana.

La acusación sustitutiva fue presentada el 1 de octubre de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, bajo el expediente 26-20401-CR-GAYLES(s). De acuerdo con el documento judicial, los dos hombres habrían conspirado, desde al menos febrero hasta septiembre de este año, para distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, con conocimiento o razones para creer que sería introducida ilegalmente en territorio estadounidense.

Una operación encubierta desde Barahona

El expediente conocido hasta ahora describe una operación controlada desarrollada con una fuente confidencial de la DEA.

Según la declaración jurada de un agente estadounidense, Sepúlveda habría manifestado interés en conseguir dinero adicional mediante actividades ilícitas. A partir de esas conversaciones, la fuente confidencial recibió instrucciones para plantearle un supuesto negocio relacionado con el traslado de drogas.

La propuesta consistía en transportar desde Barahona hasta Santo Domingo un cargamento que supuestamente contenía 35 kilogramos de cocaína y que, según el relato presentado a los investigados, pertenecía a un narcotraficante.

Sin embargo, la sustancia utilizada por las autoridades estadounidenses durante la operación era simulada. El objetivo era documentar la presunta disposición de los agentes a participar en el traslado de un cargamento que ellos creían que era cocaína.

De acuerdo con el expediente, el 29 de agosto, Sepúlveda llegó a Barahona en un vehículo oficial de la DNCD sin identificación visible, conducido por Guevara. La fuente colocó en el baúl una maleta que contenía los 35 kilogramos de sustancia simulada.

Posteriormente, ambos emprendieron el viaje hacia Santo Domingo.

El traslado y la entrega

Una vez en la capital, los agentes se reunieron inicialmente con la fuente en una estación de combustible. Ante la sospecha de Sepúlveda sobre la presencia de un vehículo que consideró extraño, el punto de encuentro fue cambiado.

Según la declaración incorporada al expediente, Guevara condujo el vehículo oficial hasta un parque cercano. Allí, Sepúlveda habría retirado los paquetes y los habría transferido al automóvil de la fuente confidencial.

La investigación también señala que se habría acordado una compensación económica por el supuesto traslado. El expediente describe pagos iniciales por US$3,000 y posteriormente el equivalente a unos US$4,000 en pesos dominicanos, aunque la remuneración inicialmente planteada habría sido considerablemente mayor.

Arrestados al llegar a Miami

El desenlace de la operación ocurrió semanas después.

Sepúlveda y Guevara viajaron desde República Dominicana hacia Estados Unidos y fueron detenidos el 28 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde permanecen bajo custodia federal mientras avanza el proceso judicial.

La investigación habría comenzado meses antes y contó, según reportes sobre el expediente, con cooperación de autoridades dominicanas.

El caso adquiere particular relevancia por la posición que ocupaba Sepúlveda dentro de la DNCD. El segundo teniente estaba adscrito al Departamento de Investigaciones Sensitivas (DITIS), una unidad especializada que mantiene coordinación con la oficina de la DEA en Santo Domingo.

Un caso que pone el foco en la cooperación antidrogas

La investigación se produce en un contexto de estrecha cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico.

El expediente, sin embargo, corresponde a acusaciones presentadas ante la justicia estadounidense y no constituye una sentencia de culpabilidad. Corresponderá al proceso federal determinar la responsabilidad penal de los imputados y valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Mientras tanto, la utilización de un cargamento simulado permitió a los investigadores estadounidenses documentar, según la declaración jurada, una serie de actuaciones que ahora forman parte de la acusación federal.

El caso coloca nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de control interno dentro de organismos encargados de combatir el narcotráfico y, al mismo tiempo, evidencia el alcance de las operaciones conjuntas entre las autoridades dominicanas y estadounidenses.

El Gobierno dominicano dejó sin efecto el régimen arancelario especial que regulaba la importación de arroz, una medida que modifica las condiciones de acceso del cereal al mercado nacional y abre un nuevo capítulo en la relación comercial con Estados Unidos.

La decisión está contenida en el Decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026 por el presidente Luis Abinader, mediante el cual fue derogado en su totalidad el Decreto 693-24, promulgado en diciembre de 2024 para establecer medidas de protección a la producción arrocera nacional.

La normativa derogada establecía un arancel de 20 % ad valorem dentro del contingente establecido por República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), mientras que las importaciones que superaran ese volumen podían enfrentar una tasa de 99 %.

El decreto también contemplaba una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz originario de Estados Unidos con arancel cero. Una vez superado ese volumen, el cereal estadounidense quedaba sujeto al arancel de Nación Más Favorecida (NMF), de 99 %.

La presión comercial de Estados Unidos

La derogación ocurre en medio de conversaciones comerciales entre República Dominicana y Estados Unidos.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) había planteado la necesidad de eliminar el Decreto 693-24, argumentando que sus disposiciones afectaban las condiciones de acceso del arroz estadounidense al mercado dominicano previstas en el DR-CAFTA.

El reclamo se produjo después de una reunión entre representantes estadounidenses y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó, en la que también se abordó el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países y la posibilidad de negociar un acuerdo de comercio recíproco.

El presidente Abinader había señalado previamente que las conversaciones con Washington debían tomar como referencia los compromisos asumidos por ambas naciones en el tratado de libre comercio.

Un producto estratégico para República Dominicana

La decisión adquiere especial relevancia por el peso del arroz en la alimentación dominicana. De acuerdo con datos citados por la consultora DASA, el consumo nacional ronda los 65 kilogramos por habitante al año.

En 2024, República Dominicana produjo aproximadamente 680,000 toneladas de arroz, volumen que permitió cubrir cerca del 96 % del consumo nacional.

El Gobierno había defendido anteriormente la fortaleza de la producción local. En abril de este año, el Ministerio de Agricultura informó que el país contaba con más de 5 millones de quintales de arroz en inventario, sin incluir la producción en curso, y destacó al cereal como un componente esencial de la seguridad alimentaria nacional.

Preocupación entre los productores

La eliminación del régimen especial genera inquietud dentro del sector arrocero, que teme que una mayor entrada de producto importado pueda presionar los precios y las condiciones de comercialización de la producción nacional.

Representantes de los productores han defendido que cualquier volumen de arroz que el país necesite importar sea adquirido preferentemente en Estados Unidos, como parte de una solución que permita cumplir los compromisos comerciales sin desplazar innecesariamente la producción dominicana.

El sector también ha cuestionado el manejo de las importaciones registradas durante los últimos años. Según declaraciones recogidas por medios locales, entre 2024 y 2025 ingresaron importantes volúmenes de arroz procedentes de países sudamericanos y centroamericanos, mientras los productores reclaman mecanismos que garanticen la protección de la producción nacional.

Entre el libre comercio y la seguridad alimentaria

La nueva disposición coloca nuevamente al arroz en el centro de un debate que va más allá de los aranceles: cómo equilibrar los compromisos internacionales de libre comercio con la protección de uno de los principales productos de la dieta dominicana.

La Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas explica que el DR-CAFTA contempla diferentes categorías de desgravación para los productos agropecuarios y mecanismos de contingentes arancelarios para mercancías consideradas sensibles por los países firmantes.

Para los consumidores, una mayor competencia externa podría traducirse en una oferta más amplia y eventualmente ejercer presión sobre los precios. Para los productores, en cambio, el reto será competir en un mercado con menores barreras de entrada, especialmente frente a economías con estructuras de producción y costos diferentes.

La derogación del Decreto 693-24 no resuelve por sí sola ese equilibrio. Abre, más bien, una nueva etapa en la que el Gobierno deberá definir cómo garantizar el cumplimiento de los compromisos comerciales asumidos por el país sin comprometer la sostenibilidad del sector arrocero ni la seguridad alimentaria nacional.