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¿Menos delitos o más desconfianza? La seguridad ciudadana vuelve al centro del debate nacional

La seguridad ciudadana vuelve al centro del debate dominicano. Mientras la Policía Nacional reporta una reducción de homicidios y robos, Fuerza del Pueblo cuestiona las estadísticas oficiales y el PLD reclama mayor transparencia sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales. A esto se suman las críticas de Danilo Medina, quien citó una encuesta no identificada públicamente para cuestionar la percepción ciudadana sobre el rumbo del país. El debate abre una discusión más amplia sobre cifras, metodología, percepción y confianza institucional.

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La seguridad ciudadana se mantiene como uno de los principales temas de discusión pública en República Dominicana, entre estadísticas oficiales, percepción ciudadana y cuestionamientos a la actuación policial.

La seguridad ciudadana vuelve a ocupar un lugar central en el debate público dominicano, esta vez a partir de tres cuestionamientos planteados desde la oposición: la confiabilidad de las estadísticas oficiales sobre criminalidad, la percepción de los ciudadanos sobre el rumbo del país y los resultados de la reforma de la Policía Nacional.

Las posiciones expresadas recientemente por Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) colocan bajo escrutinio la manera en que el Gobierno mide y comunica los avances en materia de seguridad, mientras las autoridades sostienen que los principales indicadores delictivos mantienen una tendencia descendente.

El primer punto de fricción: las cifras

La Fuerza del Pueblo cuestionó públicamente las estadísticas divulgadas por el Ministerio de Interior y Policía y acusó a la institución de presentar una reducción de la criminalidad que, a juicio de esa organización, no reflejaría adecuadamente la realidad que enfrenta la población.

La organización opositora ha reclamado mayor transparencia en la metodología utilizada para construir los indicadores de seguridad y ha planteado la necesidad de contrastar las cifras oficiales con otros registros.

Sin embargo, los datos oficiales más recientes muestran una tendencia concreta: la Policía Nacional informó que la tasa acumulada de homicidios se situó en 7.36 por cada 100,000 habitantes al 25 de septiembre, frente a 8.74 en el mismo período de 2025. También reportó una reducción de 40.5 % en los robos, con 3,504 casos frente a 5,891 registrados durante igual período del año anterior.

El debate, por tanto, no se limita a determinar si existe una reducción estadística del delito, sino a establecer qué indicadores deben utilizarse, cómo se clasifican los hechos y hasta qué punto esas cifras representan la experiencia cotidiana de la ciudadanía.

Percepción ciudadana y crítica política

Ese último elemento aparece también en las declaraciones del expresidente y presidente del PLD, Danilo Medina, quien durante una actividad partidaria en Higüey cuestionó la gestión del Gobierno y citó una encuesta cuyo nombre y ficha técnica no fueron divulgados públicamente.

Según Medina, la medición indica que 80 % de los encuestados considera que el país marcha por el camino equivocado, mientras un 16 % entiende que avanza en la dirección correcta. También afirmó que 71 % de quienes votaron por el actual presidente considera que el país lleva un rumbo equivocado.

Al no conocerse públicamente la encuesta citada por Medina, sus resultados deben entenderse como datos atribuidos a una medición mencionada por el dirigente político, y no como una encuesta independiente cuya metodología pueda ser examinada.

Aun así, sus declaraciones reflejan otro componente del debate: la diferencia que puede existir entre los indicadores estadísticos y la percepción ciudadana.

En seguridad, esta brecha es particularmente relevante. Una disminución de la tasa de homicidios puede coexistir con una población que mantiene temor frente a robos, asaltos, violencia o determinadas actuaciones policiales.

La reforma policial también entra en discusión

El segundo gran frente de cuestionamientos corresponde a la reforma de la Policía Nacional.

El PLD reclamó recientemente que el Gobierno publique estadísticas oficiales, actualizadas y desagregadas sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales, además de solicitar investigaciones sobre esos casos y una revisión de los protocolos relacionados con el uso de la fuerza.

El partido citó registros periodísticos según los cuales durante septiembre se habían reportado más de 30 fallecimientos vinculados a actuaciones policiales, frente a 14 casos registrados en septiembre de 2025. También mencionó un conteo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que situaba en 31 las muertes durante septiembre y en 200 las acumuladas durante el año. El PLD pidió que las autoridades establezcan cuál es la cifra oficial definitiva.

La discusión plantea una cuestión institucional que trasciende la confrontación partidaria: la reducción de la criminalidad y el uso legítimo de la fuerza policial son asuntos diferentes, aunque ambos forman parte de la evaluación de una política de seguridad.

Una reforma policial no se mide únicamente por la cantidad de agentes formados, nuevos equipos o cambios administrativos. También involucra aspectos como profesionalización, permanencia del personal, protocolos de actuación, investigación de incidentes y confianza ciudadana.

Un debate que exige más datos, no menos

Las propias cifras oficiales muestran que existen distintos indicadores para analizar la seguridad.

Mientras la Policía reporta una reducción de homicidios y robos, durante septiembre contabilizó 99 homicidios hasta el día 25, de los cuales 45 fueron clasificados como vinculados a acción legal, 35 a conflicto social, 11 a delincuencia y ocho permanecían bajo investigación.

Esta clasificación resulta relevante porque evidencia que hablar simplemente de “homicidios” puede ocultar diferencias importantes entre las circunstancias en que ocurren las muertes.

Por eso, uno de los reclamos centrales de la oposición —publicar información más desagregada y periódica— apunta a una necesidad institucional: que ciudadanos, periodistas, investigadores y organizaciones puedan revisar los datos y comprender cómo se construyen los indicadores.

La discusión sobre seguridad ciudadana no debería reducirse, entonces, a una disputa entre “el Gobierno dice que bajó” y “la oposición dice que no”.

El desafío consiste en responder preguntas más concretas: ¿qué delitos están disminuyendo?, ¿en qué territorios?, ¿cuáles aumentan?, ¿cómo se clasifican las muertes durante intervenciones policiales?, ¿cuántos casos son investigados?, ¿qué resultados tienen esas investigaciones? y ¿cómo ha evolucionado la percepción de seguridad de la población?

Estadísticas y percepción: dos realidades que deben dialogar

La seguridad ciudadana tiene una dimensión estadística, pero también una dimensión humana.

Una tasa de homicidios puede disminuir y, al mismo tiempo, una persona puede sentirse menos segura al caminar por su barrio. De igual manera, una percepción negativa no necesariamente demuestra que las estadísticas oficiales sean incorrectas.

Ambas dimensiones requieren ser observadas de manera conjunta.

El actual debate político dominicano demuestra precisamente esa tensión: el Gobierno presenta indicadores que muestran reducciones en determinados delitos, mientras los partidos opositores cuestionan la metodología, reclaman mayor transparencia y llaman la atención sobre la experiencia ciudadana y las actuaciones policiales.

Más que elegir entre una cifra y otra, el reto institucional consiste en disponer de información suficientemente completa para que la sociedad pueda sacar sus propias conclusiones.

En última instancia, la seguridad no se comunica únicamente mediante porcentajes. También se construye mediante instituciones confiables, estadísticas verificables, investigaciones transparentes y una Policía capaz de responder al delito respetando los procedimientos establecidos.

Ese es, precisamente, el punto en el que el debate sobre las cifras de criminalidad termina convirtiéndose en un debate más amplio sobre confianza pública, transparencia y seguridad ciudadana.

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Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales

La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo

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Agentes de la Dirección General de Migración y organismos de seguridad durante los operativos de interdicción realizados en distintas provincias del país

La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.

Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.

De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.

Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.

La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.

La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.

 

Provincias con más detenciones

Provincia Casos
Elías Piña 201
Dajabón 179
Santo Domingo 149
Valverde 129
Independencia 123
San Juan 117
Pedernales 104
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Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant

La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli

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Vehículos blindados de la Policía Nacional de Haití durante la operación realizada en Martissant, al sur de Puerto Príncipe

Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.

La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.

A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.

Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas

La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.

Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.

Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.

Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli

Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.

La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.

La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.

La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.

El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable

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Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones

La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones

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Agentes y fiscales durante los allanamientos de la Operación Rompeolas, desplegada contra una presunta estructura de narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.

El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.

El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.

Una ruta marítima bajo investigación

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.

Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.

Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.

Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial

Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.

El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.

Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.

La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.

Investigación continúa

Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.

La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.

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