La República Dominicana recibió este miércoles un importante reconocimiento internacional por su papel en los esfuerzos para enfrentar la crisis que afecta a Haití, luego de que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, agradeciera públicamente al presidente Luis Abinader el respaldo brindado por el país a las iniciativas impulsadas para restablecer la seguridad y promover una transición política en la vecina nación.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio Nacional, como parte de la agenda regional de Guterres, quien posteriormente continuó su visita oficial a Haití para evaluar junto a autoridades locales e internacionales la situación de seguridad que mantiene en vilo al país caribeño.

Al concluir la reunión, el máximo representante de las Naciones Unidas destacó la cooperación constante del Gobierno dominicano y su respaldo a los mecanismos internacionales orientados a combatir la violencia de las bandas armadas que actualmente controlan amplias zonas del territorio haitiano.

“Todos queremos restablecer la seguridad en Haití. Es absolutamente esencial para Haití y para la región el restablecimiento de la seguridad que permita una evolución política con elecciones y la integración de Haití en la comunidad internacional”, expresó Guterres.

Reconocimiento al rol dominicano

Durante sus declaraciones, el secretario general de la ONU resaltó que existe una visión compartida entre las Naciones Unidas y la República Dominicana sobre la urgencia de fortalecer las acciones contra los grupos criminales que operan en Haití y crear las condiciones necesarias para recuperar la institucionalidad democrática.

Guterres valoró además el apoyo ofrecido por el Gobierno dominicano a los esfuerzos internacionales destinados a facilitar el despliegue de una fuerza multinacional de seguridad y acompañar el proceso de estabilización del país vecino.

“Quiero agradecer profundamente la cooperación de la República Dominicana con todos nuestros esfuerzos en este sentido”, manifestó.

Haití continúa siendo una prioridad regional

La visita del secretario general de la ONU ocurre en medio de una de las crisis más complejas que ha enfrentado Haití en las últimas décadas, marcada por el avance de las bandas armadas, el debilitamiento de las instituciones estatales, la crisis humanitaria y la ausencia de condiciones para la celebración de elecciones democráticas.

Ante este escenario, República Dominicana ha mantenido una postura firme en distintos foros internacionales, insistiendo en que la solución a la crisis haitiana requiere una mayor participación de la comunidad internacional y acciones concretas para garantizar la seguridad y la gobernabilidad.

El Gobierno dominicano ha advertido en múltiples ocasiones sobre las implicaciones que la inestabilidad haitiana representa para toda la región, especialmente en materia de migración, seguridad fronteriza y desarrollo económico.

Un respaldo que fortalece la posición diplomática del país

Las declaraciones de António Guterres representan uno de los reconocimientos más relevantes realizados por la comunidad internacional hacia la República Dominicana en relación con la crisis haitiana.

El gesto fortalece la posición diplomática del país y reafirma su participación activa en los debates regionales e internacionales que buscan construir una solución sostenible para Haití, considerada actualmente una de las principales preocupaciones de seguridad del hemisferio.

Mientras tanto, la ONU continúa impulsando acciones coordinadas para apoyar la recuperación institucional haitiana y facilitar el retorno de condiciones mínimas de estabilidad que permitan encaminar el país hacia un proceso democrático y de desarrollo.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó efectivos militares y helicópteros artillados en importantes zonas mineras del estado Bolívar, al sur de Venezuela, en una operación dirigida contra estructuras armadas que ejercen control sobre actividades de extracción ilegal de minerales en el denominado Arco Minero del Orinoco.

La intervención se concentra en sectores estratégicos como Las Claritas, Las Brisas y el Kilómetro 88, áreas reconocidas por albergar importantes reservas de oro y otros minerales estratégicos, pero también por la presencia de organizaciones criminales que durante años han mantenido control territorial y económico sobre la actividad minera.

Según reportes recopilados por la organización ambiental y de derechos humanos SOS Orinoco, helicópteros militares realizaron operaciones aéreas contra líderes armados vinculados a la minería ilegal, entre ellos un individuo conocido con el alias de «Juancho», señalado como uno de los principales cabecillas que operan en la zona.

Testigos consultados por agencias internacionales reportaron sobrevuelos militares, detonaciones y movimientos masivos de trabajadores mineros que abandonaron apresuradamente algunos campamentos tras el inicio del operativo.

Gobierno niega participación de Estados Unidos

En medio de versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta participación de tropas estadounidenses en la operación, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, negó categóricamente dichas informaciones.

Las autoridades venezolanas aseguraron que el despliegue es ejecutado exclusivamente por organismos de seguridad nacionales y afirmaron que no existe evidencia que respalde las versiones sobre una intervención militar conjunta con Estados Unidos.

La aclaración surge en un contexto de recientes contactos diplomáticos y de seguridad entre Caracas y Washington, situación que alimentó especulaciones sobre una posible cooperación en la lucha contra actividades ilícitas en la región.

Preocupación por la población civil

La organización no gubernamental Provea solicitó al Gobierno venezolano ofrecer información detallada sobre el operativo, incluyendo el número de detenidos, posibles víctimas y las medidas adoptadas para proteger a la población civil.

Asimismo, pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar el respeto a los derechos humanos durante las acciones militares.

La organización recordó que operaciones similares desarrolladas anteriormente en zonas mineras del país generaron denuncias de abusos, desplazamientos forzados y presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Por su parte, SOS Orinoco advirtió que una estrategia basada únicamente en la fuerza militar podría provocar nuevas crisis humanitarias, desplazamientos de comunidades y mayores tensiones sociales en la región.

Una región estratégica para la economía venezolana

El operativo ocurre apenas dos meses después de la entrada en vigor de una nueva Ley de Minas que permite una mayor participación de inversionistas extranjeros en proyectos de explotación minera dentro del Arco Minero del Orinoco.

La región concentra algunas de las mayores reservas de oro, coltán, hierro, cobre y tierras raras de Venezuela, recursos considerados estratégicos para la recuperación económica del país y para industrias tecnológicas a nivel global.

Analistas consideran que la ofensiva militar podría formar parte de una estrategia más amplia para reforzar el control estatal sobre territorios donde históricamente han operado grupos armados, al tiempo que se crean condiciones para atraer nuevas inversiones al sector minero.

Un desafío de seguridad y gobernabilidad

Especialistas coinciden en que la situación del sur venezolano representa uno de los mayores desafíos para las autoridades, debido a la combinación de riqueza mineral, economías ilícitas, presencia de organizaciones armadas y limitada presencia institucional.

Mientras continúan las operaciones militares, persiste la expectativa sobre los resultados de la intervención y sobre la capacidad del Estado venezolano para consolidar un control permanente en una de las zonas más estratégicas y complejas del país.

El presidente Luis Abinader designó a Héctor Pastor Vásquez Frías como cónsul general de la República Dominicana en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, mediante el decreto 351-26, una decisión que se produce en un contexto de acercamiento diplomático entre ambos países y de expectativas por la eventual reactivación plena de los servicios consulares.

La designación forma parte de una serie de movimientos en el servicio exterior dominicano oficializados por el Poder Ejecutivo mediante los decretos 350-26 y 351-26, que también incluyen nuevos representantes consulares en Chile y Estados Unidos.

Pastor Vásquez Frías sustituirá en el cargo al mayor general Jaime Marte Martínez, quien había sido designado cónsul general en Caracas en octubre de 2025 mediante el decreto 573-25.

El nuevo cónsul cuenta con una amplia trayectoria diplomática. Se ha desempeñado como primer secretario, consejero y ministro consejero en la Embajada de la República Dominicana en Haití, además de ocupar funciones similares en la misión diplomática dominicana en Cuba y en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

Además de su carrera en el servicio exterior, es reconocido como historiador y periodista, con importantes investigaciones sobre las relaciones domínico-haitianas y la historia diplomática nacional.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Nacional de Historia José Gabriel García 2014 por su obra Misiones Dominicanas en Haití y el Premio Nacional de Historia Vetilio Alfau Durán, otorgado por el Archivo General de la Nación por su investigación Diplomacia con Haití a Principios del Siglo XX.

Un nombramiento en un momento clave

La designación adquiere especial relevancia debido al proceso de acercamiento entre República Dominicana y Venezuela iniciado este año.

En febrero de 2026 ambos países anunciaron la reanudación de los servicios consulares, una medida que hasta el momento no se ha materializado completamente, situación que mantiene a miles de ciudadanos venezolanos residentes en territorio dominicano y a dominicanos con vínculos familiares o comerciales en Venezuela a la espera de una solución definitiva.

Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se vieron afectadas el 29 de julio de 2024, cuando el gobierno venezolano rompió relaciones con República Dominicana tras las posiciones asumidas por varios países de la región respecto al proceso electoral venezolano.

En ese momento, Santo Domingo, junto a Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay, solicitó transparencia en el escrutinio y una verificación internacional de los resultados electorales, lo que provocó la retirada del personal diplomático venezolano y la suspensión de los servicios consulares.

Como consecuencia, miles de ciudadanos venezolanos residentes en República Dominicana quedaron sin acceso directo a trámites consulares esenciales, mientras que los dominicanos en Venezuela enfrentaron limitaciones similares para gestionar documentación oficial.

Aunque los vuelos comerciales entre ambos países fueron restablecidos en febrero de este año, la normalización completa de los servicios consulares continúa siendo uno de los temas más esperados por ambas comunidades.

Fortalecimiento del servicio exterior

Además de la designación en Caracas, el presidente Abinader nombró a Robert Ramón Arias Fernández como cónsul general en Santiago de Chile; a Juan Mercedes Mateo Guerrero como cónsul general en Providence, Rhode Island; y a María Luisa Ubiera Zorrilla como cónsul general en Raleigh, Carolina del Norte.

Las designaciones fueron realizadas en cumplimiento de la Ley 630-16, Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior, que regula el funcionamiento y la organización de las representaciones diplomáticas y consulares dominicanas.