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Operativo militar sacude el Arco Minero del Orinoco y desata incertidumbre en el sur de Venezuela
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ejecuta una operación de gran escala en el sur de Venezuela para recuperar el control de territorios dominados por grupos armados vinculados a la minería ilegal. Mientras el Gobierno descarta la participación de tropas estadounidenses, organizaciones humanitarias solicitan transparencia sobre los resultados del despliegue y garantías para la población civil.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó efectivos militares y helicópteros artillados en importantes zonas mineras del estado Bolívar, al sur de Venezuela, en una operación dirigida contra estructuras armadas que ejercen control sobre actividades de extracción ilegal de minerales en el denominado Arco Minero del Orinoco.
La intervención se concentra en sectores estratégicos como Las Claritas, Las Brisas y el Kilómetro 88, áreas reconocidas por albergar importantes reservas de oro y otros minerales estratégicos, pero también por la presencia de organizaciones criminales que durante años han mantenido control territorial y económico sobre la actividad minera.
Según reportes recopilados por la organización ambiental y de derechos humanos SOS Orinoco, helicópteros militares realizaron operaciones aéreas contra líderes armados vinculados a la minería ilegal, entre ellos un individuo conocido con el alias de «Juancho», señalado como uno de los principales cabecillas que operan en la zona.
Testigos consultados por agencias internacionales reportaron sobrevuelos militares, detonaciones y movimientos masivos de trabajadores mineros que abandonaron apresuradamente algunos campamentos tras el inicio del operativo.
Gobierno niega participación de Estados Unidos
En medio de versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta participación de tropas estadounidenses en la operación, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, negó categóricamente dichas informaciones.
Las autoridades venezolanas aseguraron que el despliegue es ejecutado exclusivamente por organismos de seguridad nacionales y afirmaron que no existe evidencia que respalde las versiones sobre una intervención militar conjunta con Estados Unidos.
La aclaración surge en un contexto de recientes contactos diplomáticos y de seguridad entre Caracas y Washington, situación que alimentó especulaciones sobre una posible cooperación en la lucha contra actividades ilícitas en la región.
Preocupación por la población civil
La organización no gubernamental Provea solicitó al Gobierno venezolano ofrecer información detallada sobre el operativo, incluyendo el número de detenidos, posibles víctimas y las medidas adoptadas para proteger a la población civil.
Asimismo, pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar el respeto a los derechos humanos durante las acciones militares.
La organización recordó que operaciones similares desarrolladas anteriormente en zonas mineras del país generaron denuncias de abusos, desplazamientos forzados y presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, SOS Orinoco advirtió que una estrategia basada únicamente en la fuerza militar podría provocar nuevas crisis humanitarias, desplazamientos de comunidades y mayores tensiones sociales en la región.

Una región estratégica para la economía venezolana
El operativo ocurre apenas dos meses después de la entrada en vigor de una nueva Ley de Minas que permite una mayor participación de inversionistas extranjeros en proyectos de explotación minera dentro del Arco Minero del Orinoco.
La región concentra algunas de las mayores reservas de oro, coltán, hierro, cobre y tierras raras de Venezuela, recursos considerados estratégicos para la recuperación económica del país y para industrias tecnológicas a nivel global.
Analistas consideran que la ofensiva militar podría formar parte de una estrategia más amplia para reforzar el control estatal sobre territorios donde históricamente han operado grupos armados, al tiempo que se crean condiciones para atraer nuevas inversiones al sector minero.
Un desafío de seguridad y gobernabilidad
Especialistas coinciden en que la situación del sur venezolano representa uno de los mayores desafíos para las autoridades, debido a la combinación de riqueza mineral, economías ilícitas, presencia de organizaciones armadas y limitada presencia institucional.
Mientras continúan las operaciones militares, persiste la expectativa sobre los resultados de la intervención y sobre la capacidad del Estado venezolano para consolidar un control permanente en una de las zonas más estratégicas y complejas del país.

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Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales
La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo
La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.
Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.
De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.
Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.
La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.
La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.
Provincias con más detenciones
| Provincia | Casos |
|---|---|
| Elías Piña | 201 |
| Dajabón | 179 |
| Santo Domingo | 149 |
| Valverde | 129 |
| Independencia | 123 |
| San Juan | 117 |
| Pedernales | 104 |
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Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant
La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli
Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.
La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.
A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.
Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas
La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.
Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.
Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.
Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli
Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.
La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.
La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.
La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.
El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable
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Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones
La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.
El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.
El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.
Una ruta marítima bajo investigación
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.
Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.
Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.
Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial
Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.
El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.
Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.
La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.
Investigación continúa
Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.
La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.
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