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RD tiembla sin temblor: más de tres millones participan en simulacro nacional de terremoto

Más de tres millones de personas participaron este martes en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026, una jornada que involucró a escuelas, instituciones públicas y privadas, empresas y comunidades para poner a prueba la capacidad de respuesta de República Dominicana ante un eventual terremoto de gran magnitud.

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Más de tres millones de personas participaron este martes en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026, realizado simultáneamente en distintos puntos de República Dominicana. / Foto: Fuente oficial

A las 10:00 de la mañana de este martes, República Dominicana hizo una pausa para prepararse ante uno de los fenómenos naturales que más preocupa a las autoridades de gestión de riesgos: un terremoto de gran magnitud.

Escuelas, instituciones públicas y privadas, empresas, comunidades y familias de todo el país participaron en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026, una jornada que puso a prueba los protocolos de emergencia y la capacidad de respuesta de la población ante un eventual movimiento sísmico.

De acuerdo con reportes de las autoridades, más de tres millones de personas participaron en el ejercicio nacional, que fue coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

La jornada no buscaba simular solamente la salida ordenada de edificios. También permitió comprobar las rutas de evacuación, los puntos de encuentro, los mecanismos de comunicación y la coordinación entre las instituciones responsables de responder ante una emergencia.

Uno de los escenarios más visibles se produjo en el edificio Juan Pablo Duarte, conocido como El Huacal, donde más de 7,000 empleados evacuaron sus 14 pisos en aproximadamente nueve minutos, permitiendo evaluar la capacidad de desalojo de una de las principales estructuras gubernamentales del país.

Las escuelas también fueron protagonistas

El sistema educativo nacional se incorporó masivamente al ejercicio. El Ministerio de Educación había dispuesto la participación de todos los centros educativos públicos del país, junto con las 18 Regionales Educativas, 122 Distritos Educativos e instituciones descentralizadas.

El objetivo fue que estudiantes, docentes y personal administrativo practicaran cómo actuar ante una emergencia sísmica, reforzando una cultura de prevención que permita responder con mayor rapidez y organización.

La importancia de este componente es evidente: en una emergencia real, las escuelas concentran diariamente a cientos de miles de estudiantes y trabajadores, por lo que conocer previamente las rutas de salida y los lugares seguros puede marcar una diferencia.

También se puso a prueba la alerta en los celulares

Uno de los elementos tecnológicos más importantes del simulacro fue la prueba del sistema de mensajería de alerta pública Cell Broadcast, integrado al sistema nacional Alerta RD.

La herramienta permite enviar mensajes de emergencia directamente a los teléfonos celulares que se encuentren dentro de una determinada zona, una capacidad que puede resultar fundamental ante fenómenos que requieren advertencias rápidas a grandes cantidades de personas.

Además de los mensajes telefónicos, durante el ejercicio se contempló la utilización de sirenas, silbatos y altavoces, como parte de los mecanismos de comunicación previstos para situaciones de emergencia.

¿Por qué un simulacro de terremoto es importante para RD?

República Dominicana se encuentra en una zona sísmicamente activa del Caribe y, aunque nadie puede predecir cuándo ocurrirá un terremoto, sí es posible reducir sus consecuencias mediante preparación, planificación y conocimiento.

Por eso, las autoridades han insistido en que el objetivo del simulacro no es generar alarma, sino convertir la prevención en una práctica.

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) ha señalado que durante un terremoto cada segundo cuenta, por lo que practicar qué hacer, hacia dónde desplazarse y dónde reunirse ayuda a transformar las recomendaciones de seguridad en respuestas concretas.

El organismo también llamó a las instituciones a aprovechar este tipo de ejercicios para identificar obstáculos en las rutas de evacuación, revisar sus mecanismos de comunicación y comprobar que las personas conozcan los protocolos establecidos.

Prepararse antes de que ocurra

El simulacro deja una lección que va más allá de las cifras de participación: la preparación para un terremoto no puede comenzar cuando la tierra ya está temblando.

Una evacuación ordenada requiere que las personas sepan previamente cuáles son las salidas, dónde están los puntos de encuentro y cómo actuar sin correr, empujar o regresar a buscar pertenencias.

Para las autoridades dominicanas, el ejercicio también representa una oportunidad para identificar fallas y mejorar los protocolos nacionales de prevención, respuesta y recuperación.

El Gobierno había convocado el simulacro como parte de las acciones para fortalecer las capacidades del país frente a la posibilidad de un terremoto de gran magnitud.

Este martes, República Dominicana no esperó a que ocurriera una emergencia para preguntarse qué hacer.

Ensayó la respuesta antes de necesitarla.

Y en materia de prevención, ese ensayo puede convertirse algún día en vidas salvadas.

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Migración detiene a 1,567 extranjeros en condición irregular y deporta a 1,339 en operativos nacionales

La DGM reportó 1,567 extranjeros detenidos en condición migratoria irregular y 1,339 deportados durante operativos nacionales realizados el 18 de noviembre, con mayor actividad en Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo

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Agentes de la Dirección General de Migración y organismos de seguridad durante los operativos de interdicción realizados en distintas provincias del país

La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,567 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos y otros 1,339 deportados durante operativos simultáneos realizados el miércoles 18 de noviembre en distintas localidades de República Dominicana.

Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), abarcando comunidades urbanas y rurales de distintas provincias.

De acuerdo con el balance institucional, las mayores cifras de personas detenidas se registraron en Elías Piña, con 201 casos; Dajabón, con 179; Santo Domingo, con 149; Valverde, con 129; Independencia, con 123; San Juan, con 117, y Pedernales, con 104.

Los operativos también alcanzaron localidades de Santiago, La Vega, Montecristi, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Bahoruco, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y El Seibo.

La institución explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y verificar la situación documental de los extranjeros que permanecen en territorio dominicano.

La DGM señaló que los procedimientos deben desarrollarse respetando los derechos humanos y las garantías del debido proceso administrativo.

 

Provincias con más detenciones

Provincia Casos
Elías Piña 201
Dajabón 179
Santo Domingo 149
Valverde 129
Independencia 123
San Juan 117
Pedernales 104
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Operativo policial en Haití deja al menos 34 presuntos pandilleros muertos en Martissant

La Policía Nacional de Haití informó que al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación en Martissant, dirigida contra un refugio vinculado al líder criminal conocido como Ti Lapli

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Vehículos blindados de la Policía Nacional de Haití durante la operación realizada en Martissant, al sur de Puerto Príncipe

Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, una localidad situada al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplios sectores del país.

La institución policial informó que la intervención se realizó el jueves 19 de noviembre contra un refugio vinculado a Renel Destina, conocido como Ti Lapli, señalado como líder de la organización criminal Grand Ravine.

A través de sus redes sociales, la Policía haitiana difundió imágenes de la operación, en las que se observan vehículos blindados ingresando en la zona y una explosión que destruye parte de una edificación, aparentemente mediante el uso de un dron.

Martissant, un corredor estratégico bajo control de bandas

La intervención se desarrolló en Martissant, un sector de importancia estratégica por su ubicación en la carretera que conecta Puerto Príncipe con las regiones del sur y el oeste de Haití.

Desde 2021, esta zona ha permanecido bajo fuerte influencia de grupos armados que utilizan el control de las vías para imponer cobros ilegales, extorsionar a transportistas y obstaculizar el movimiento de personas y mercancías.

Las autoridades buscan recuperar el control de este corredor y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que han convertido distintos sectores de la capital haitiana en territorios de dominio armado.

Sin confirmación sobre la muerte de Ti Lapli

Aunque la operación estuvo dirigida contra un refugio atribuido a Ti Lapli, las autoridades no confirmaron que el cabecilla se encuentre entre los 34 fallecidos.

La Policía informó que en el operativo no resultaron heridos agentes policiales ni civiles. Tampoco se había divulgado una identificación individual de las personas fallecidas al momento de los primeros reportes.

La intervención contó con apoyo de la denominada Task Force, que opera junto a las fuerzas de seguridad haitianas y tiene participación de Vectus Global, una empresa privada de seguridad vinculada al empresario estadounidense Erik Prince.

La ofensiva se produce en un contexto de intensificación de las operaciones contra las pandillas, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad, desplazamientos de población y dificultades para recuperar el control de sus principales vías de comunicación.

El resultado de esta intervención representa una nueva acción de las autoridades contra las estructuras armadas que operan en Puerto Príncipe, aunque el desafío de restablecer la seguridad y garantizar la estabilidad en las comunidades afectadas continúa siendo considerable

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Operación Rompeolas: arrestan a 21 personas, incluido un regidor, y ocupan bienes por RD$3,112 millones

La Operación Rompeolas dejó 21 personas arrestadas, entre ellas un regidor de Higüey y un notario, tras 65 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la DNCD. Las autoridades reportaron ocupaciones valoradas en RD$3,112.6 millones

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Agentes y fiscales durante los allanamientos de la Operación Rompeolas, desplegada contra una presunta estructura de narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la denominada Operación Rompeolas, una amplia intervención contra una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde territorio dominicano y mantenía conexiones con otros países.

El operativo, ejecutado mediante 65 allanamientos simultáneos, incluyó la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran un regidor del municipio de Higüey y un notario de esa demarcación.

El edil fue identificado como Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Las autoridades también señalan entre los arrestados a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o el Brother, a quien los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de la organización. La identidad del notario detenido no había sido divulgada en los reportes consultados.

Una ruta marítima bajo investigación

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura recibía cargamentos de sustancias narcóticas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional cuyos destinos finales incluirían Estados Unidos y Europa.

Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.

Las intervenciones se extendieron por las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La operación contó, además, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.

Ocupaciones millonarias y persecución patrimonial

Como resultado de los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.

El valor total de las ocupaciones fue estimado en RD$3,112,639,600, equivalente a aproximadamente US$5.5 millones.

Asimismo, el Ministerio Público informó que inició los procedimientos correspondientes para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales que presuntamente estarían vinculados a las operaciones financieras de la estructura investigada.

La actuación busca afectar no solamente las presuntas actividades de transporte de drogas, sino también los recursos económicos y la infraestructura que habrían permitido el funcionamiento de la organización.

Investigación continúa

Las autoridades informaron que los arrestados serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la presunta red.

La Operación Rompeolas se suma a las acciones de persecución del narcotráfico transnacional y el lavado de activos en el país. No obstante, corresponde a los órganos judiciales determinar la responsabilidad penal de cada persona involucrada, respetando el principio de presunción de inocencia.

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